Fabián Harari, en su columna semanal en NdR Radio, habló sobre la reforma judicial que se está debatiendo en el país, la negociación con los bonistas que está llevando a cabo el gobierno y las posibles alternativas económicas que tiene Alberto Fernández para los próximos meses. A simple vista no se entiende porque se sigue discutiendo sobre una reforma en la justicia si nadie la está solicitando. La mitad de la población y el propio Estado tienen problemas mucho más graves de que ocuparse. A pesar de que el país está quebrado, se está debatiendo que hacer con la Corte Suprema y con el Tribunal Oral Federal. Sin embargo, si se analiza detenidamente la maniobra, se puede ver que ampliar esta reforma no sólo tiene por objetivo sacar a Cristina Fernández de la mira de la justicia y de las causas que la involucran, sino que, también, existe una negociación con la oposición porque se van a abrir un montón de fiscalías en donde todo el mundo va a querer su parte. A esto se le suma que la reforma va a ralentizar la justicia porque si se amplia el número de miembros de la corte va a tardar más en efectuar sus fallos. Esto es importante porque de las 29.000 causas que tiene la Corte Suprema, 14.000 son de los jubilados porque el Estado no les paga y 5.000 corresponden a los empleados del Estado en negro. Si 19.000 causas involucran a esta institución, la ralentización sería su beneficio. Por eso, esta reforma presenta ambigüedades. La oposición no quiere salvar a Cristina, pero no ve con malos ojos este tipo de maniobras. Por último, esta reforma disuelve el fuero contencioso administrativo. Sector que investiga al propio Estado, por ejemplo, a toda la obra pública. Esto se relaciona con el “Proyecto Asís” que es un intento por armar una especie de política de Estado. Se empieza a poner un límite a los conflictos internos del personal político de la burguesía.

En relación a el acuerdo con los bonistas, el columnista explicó que lo que se está negociando, cuando se habla de los bonos, no es el valor nominal. Acá lo que se está discutiendo es el valor inmediato del bono. La Argentina se está endeudando a una tasa mucho más alta que la que correspondería a cualquier país o privado. Lo que hizo el martes el gobierno es ponerse de acuerdo en una serie de puntos importantes, pero todavía el acuerdo no está cerrado, faltan redactar las cláusulas de acción colectiva. Por ejemplo, qué pasa si la Argentina no paga. Lo más probable es que nuestro país acuerde puntos similares a los de Ecuador. De fondo, lo interesante es ver cómo puede ser que EE.UU. haya apoyado la negociación con Argentina a pesar de que nosotros nos estamos financiando con China. Esto muestra dos cuestiones. La primera, la necesidad de mostrar un acuerdo a nivel mundial. Evitar lo que se llamó el “Juicio del Siglo”. Juicio que tuvo el país en 2014 y que obligó a cambiar las cláusulas. Y un default generaría una serie de antecedentes problemáticos para las reestructuraciones que se vienen. La segunda cuestión es que muestra la poca importancia que tiene la Argentina a nivel mundial. Hubo mucho festejo en torno a este acuerdo. Pero, el problema no es cuánta plata dejamos de pagar o cuánta plata nos van a dar, sino que la Argentina es un país que está quebrado. Estamos en la peor crisis del 83´a la actualidad. No es volver al 2001, es más allá del 2001. Este acuerdo no cambia nada.

Antes este panorama, Alberto tiene 3 opciones. La primera es seguir emitiendo y comerse una hiper inflación. La segunda implica todo lo contrario. Y es el ajuste en las cuentas públicas. Ambas, involucran un estallido político muy grande. Y la tercera opción es volver al mercado internacional. No hay que descartar la posibilidad de una combinación de las 3. Sea cual sea el accionar del presidente, se viene un enfrentamiento muy grande con la clase obrera.