En México desde 1983 el derecho a la protección de la salud es un derecho constitucional, pero es hasta la reforma en materia de derechos humanos de 2011, en que empieza a haber instrumentos más efectivos para su judicialización.

México ha avanzado de manera importante en la cobertura universal con la reforma del Seguro Popular llevada a cabo en 2003 y con el enfoque de la cobertura explicita de intervenciones del propio Seguro Popular. La reforma del 2003 al sistema de salud mexicano, aunada a la composición dividida de los servicios de salud públicos y la reforma constitucional en materia de derechos humanos, abren nuevos paradigmas de cómo avanzar en la cobertura universal, ahora en un sentido vertical y al mismo tiempo en cómo mejorar la accesibilidad y la calidad de la atención. Los hechos anteriores hacen que México se enfrente a los nuevos retos que implica la judicialización del derecho a la protección de la salud frente a un sistema de salud dividido en universos distintos con intercambios de población frecuentes.