El estado limita los subsisdios a los cada vez más numerosos parados, pero sigue manteniendo las subvenciones a los sindicatos (que tiene comprados para que no protesten demasiado), a los partidos políticos (que se dedican a chupar del erario público), a las asociaciones de empresarios (que deberían crer empleo, en lugar de exigir cada vez más flexibilidad laboral y despidos libres), al desarrollo de leyes como la memoria histórica, la paridad,...