En El Salvador, partidos opositores y abogados presentaron el lunes y el martes solicitudes para que el Tribunal Supremo Electoral anule la candidatura de Nayib Bukele a la reelección inmediata por considerarla inconstitucional. Bukele, que goza de un récord de popularidad por su mano dura contra el crimen de las pandillas, asegura tener allanado el camino para renover su mandato en 2024.

Pocas perspectivas de éxito para que la oposición anule la candidatura de Bukele

En "Noticias de América", analizamos la actualidad latinoamericana con las voces de protagonistas y observadores de la región.

News & Politics

La justicia de Bolivia reabrió la investigación en el caso de un fallecido sacerdote español para ir tras sus presuntos encubridores, luego de la difusión de su diario personal en el que registró los abusos a centenares de indígenas menores de edad. El Ministerio Público de Bolivia decidió reabrir el caso del sacerdote catalán Luis María Roma, un día después de que el medio español El País revelara el diario personal del religioso fallecido en 2019, que cuenta sus abusos en el poblado indígena de Charagua, en el departamento de Santa Cruz (este). Acotó que el jesuita, apodado "Lucho Roma", abusó durante décadas de cientos de niñas indígenas en Bolivia y lo dejó por escrito. El medio de prensa identificó a unos 70 menores y tuvo acceso a los archivos fotográficos de Roma con niñas en Bolivia. Las memorias del jesuita en las que describía los abusos fueron encontradas por investigadores eclesiásticos y, según la publicación del diario, fueron nombradas como "Los Manuscritos de Charagua" y no fueron públicas hasta ahora. “Deslindarse institucionalmente” Tras cinco años de investigación, los Jesuitas de Bolivia admitieron en un comunicado haber tenido actuaciones “negligentes, indolentes y nefastas” ante estos abusos y pidieron que se reabriera la investigación. Esta confesión aparece luego de que la orden ocultase los resultados de su investigación interna sobre Luis María Roma. La Compañía de Jesús aseguró que “no protegerá a nadie que tenga responsabilidad en los casos de abusos porque primero son las víctimas”. Para Edwin Alvarado, dirigente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, una asociación de víctimas de pederastia, el comunicado de los jesuitas produce una profunda indignación: “No admiten todo lo ocurrido. Están orientando hacia la responsabilidad individual de los sujetos que gestionaron los conflictos en 2019 en el caso ‘Lucho Roma’. Sin embargo, la comisión investigadora es institucional, es de sus canales internos, de su justicia canónica. Y desgraciadamente en esa comisión investigadora estaba otro abusador, también ya denunciado, Carlos Villamil Olea, y estaba algún otro sacerdote, incluso del propio colegio, de donde sale la mayoría de miembros de esta comunidad”, explica. “Entonces, para nosotros resulta nefasto que, a título de reconocer responsabilidades, traten de deslindarse institucionalmente para cargar la responsabilidad en los individuos. Cada uno de estos individuos actuó como parte de un mecanismo institucional de la Compañía de Jesús y en su informe instaba a avanzar, y la Compañía decidió esconder los documentos hasta que se vio obligada a revelarlos”, recalca Alvarado. Investigación y víctimas El caso del sacerdote Luis María Roma es tan solo uno más de este escándalo que destapó el diario El País. Entretanto la asociación de víctimas de pederastia en la Iglesia boliviana no parará hasta que la verdad se reconstruya. “La actitud de la Compañía es hipócrita, es soberbia y es meramente mediática. No son los apropiados para urgir a la justicia boliviana a reabrir el caso. La comunidad de sobrevivientes está segura de que el caso se va a reabrir por dos razones: por una esmerada investigación periodística que ha tomado como un año, y porque han aparecido las víctimas que no encontraba la Fiscalía, y están dispuestas a dar su testimonio en la justicia”, concluye Edwin Alvarado.

Bolivia reabre el caso del jesuita catalán que abusó a decenas de niñas indígenas

A casi 30 años del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este viernes a la Argentina por faltas en la prevención e investigación del ataque perpetrado en Buenos Aires, que en 1994 dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Una sentencia celebrada por los familiares de las víctimas y el Centro de Estudios Legales y Sociales, quienes impulsaron la demanda internacional hace ya 25 años. Por Marianela Mayer  Tras décadas de impunidad, la justicia dio este viernes la razón a los familiares de las víctimas del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, más conocida como AMIA. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró al estado argentino como responsable de violar los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, así como el derecho colectivo a la verdad. En consecuencia, Argentina deberá comprometerse con las investigaciones y las medidas de reparación. La decisión se conoce a un mes de que se cumplan 30 años del ataque y 25 años después de que los familiares de las víctimas, reunidos en la asociación Memoria Activa, presentaran la demanda internacional junto al Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. Diana Wassner, quien perdió a su marido en el atentado e integra la agrupación, celebró la noticia: “Es un hito histórico, no solamente en la causa AMIA, creo que es un hito también en nuestro país porque es una sentencia muy fuerte, muy contundente de una condena absoluta al estado argentino, en donde se le dice que el Estado incumplió todo lo que veníamos denunciando. En primer lugar, el Estado tenía la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos y, de hecho, lo incumplió aún a sabiendas de que podía ocurrir un atentado; y después todos los diferentes estamentos del Estado que estuvieron involucrados en el encubrimiento. Es horrible que esto pase, también tiene que ser de alguna manera un hito en que esto no puede volver a pasar”. También la directora del CELS, Paula Litvachky, destacó la relevancia del fallo, que fija estándares jurídicos para la región: “Es un impacto político, obviamente, y un impacto en términos reparatorios y tiene un impacto jurídico también. El estado argentino, (le) es obligatorio cumplir las decisiones de la Corte Interamericana. Ya tiene un impacto muy claro vinculado al establecimiento de una verdad, sobre cómo fueron estos 30 años y tiene que ver con parte lo que dijo la Corte, que el Estado argentino, sus acciones concretas fueron las responsables de que hoy no haya una respuesta adecuada, no solo a las víctimas, sino a la sociedad argentina.” Ahora comienza otra etapa, la de controlar que el estado argentino cumpla con lo dispuesto. “Cuando me refiero al estado argentino, no se refiere únicamente al poder ejecutivo, también al poder judicial y al poder legislativo. El poder judicial tiene mucha responsabilidad y tiene cosas para revertir esta situación. No es mera retórica. También, vinculado a la reconstrucción de la verdad, no únicamente con el atentado, sino con todo lo que fueron las maniobras de desvío y de encubrimiento de la investigación, y hay todo un capítulo vinculado a la desclasificación de información. Estamos pasando por un momento político también medio complicado y hay que ver qué posición toma el poder ejecutivo, pero no se trata de que solo el poder ejecutivo cumpla, sino los tres poderes”. Aunque el daño fue muy importante, tienen expectativas en lograr una mayor transparencia del Estado. Sobre todo, en la “connivencia” de los servicios de inteligencia y el poder judicial, un tema que para la abogada sigue siendo de actualidad.

La Corte IDH culpa a Argentina por fallos para prevenir el atentado contra la AMIA

Una semana después del polémico decreto de Joe Biden que restringe el acceso al asilo, varios grupos de defensa de los migrantes presentaron una demanda contra el Gobierno estadounidense. Según denuncian, esta medida es “ilegal”, mientras que las organizaciones presentes en la frontera temen una mayor exposición a la violencia de estas personas, de por sí vulnerables. En un giro a su política migratoria, el presidente estadounidense Joe Biden firmó recientemente un decreto que autoriza el cierre de la frontera con México a los migrantes que solicitan asilo cuando haya más de 2.500 cruces irregulares en una semana. El paso sería abierto nuevamente cuando bajen a un promedio de 1.500 detenciones. Una cifra muy limitada, teniendo en cuenta que en mayo hubo una media de 3.800 por día. “Derecho de pedir asilo” Para la Casa Blanca, esto permitirá “tomar el control” de la frontera, pero organizaciones defensoras de migrantes consideran la norma “ilegal” y presentaron una demanda ante la justicia. “La regla y la póliza son ilegales. La ley queda muy clara que cada quien, no importa la manera en cómo entra al país de Estados Unidos, tiene el derecho de pedir asilo, de pedir esa protección, y el Gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de no devolver personas a un país donde pueden experimentar persecución”, nos explica al respecto Edith Sangüeza, abogada del Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS), uno de los grupos querellantes. Además de posibilitar el cierre del cruce fronterizo, el decreto endurece los estándares para examinar las solicitudes de asilo y favorece las deportaciones aceleradas. Una situación que alarma a las asociaciones, quienes confían en que la justicia pueda revertirla: “Nuestra esperanza es que el juez vea, como muchos jueces han visto con reglas similares bajo la administración de Biden como la administración de Trump, que una regla así, que es contraria a la ley, es ilegal y no puede continuar”, comenta Sangüeza. Faltan “formas correctas de abordar esto” En tanto, del lado mexicano de la frontera, de a poco comienza a sentirse el impacto de la nueva normativa. “Tenemos preocupaciones porque algunos actores y nuestras contrapartes organizaban lo que se llama walk ups: a las personas que no tenían su cita CBP One aún, por algún caso de emergencia médica o alguna vulnerabilidad, se les dejaba pasar. Desde que esta orden cayó ya esos walk ups son un poquito más complicados”, lamenta Oumy Ba, coordinadora adjunta de proyectos de Médicos Sin Fronteras. La responsable se muestra preocupada ante el posible incremento de las deportaciones y, por ende, del flujo fronterizo hacia México, lo que supone un riesgo para la población migrante. “Lo que vemos durante todos estos años es que la migración no va a parar, es algo que va a continuar. No se están decidiendo formas correctas de abordar esto. No es con una orden ejecutiva que va a limitar el acceso al asilo que vamos a arreglar los problemas. Y se tiene que tomar decisiones que van a arreglar el problema en su raíz”, señala Oumy Ba. De momento, la incertidumbre reina, algo que también afecta a la salud mental de los migrantes.

Organizaciones denuncian las medidas de Biden para frenar los cruces hacia EE.UU.

Este miércoles llegó a Cuba una flota naval rusa de última generación, que realizará una estancia de cinco días en la isla. Aunque la visita ha sido prevista con antelación, Estados Unidos dice estar siguiéndola desde "muy de cerca". El Ministerio de las Fuerzas Armadas cubano indicó que estos navíos no portan armas nucleares y no representan una “amenaza para la región”. Algo confirmado por el Pentágono, que aseguró no estar preocupado al respecto. No obstante, la visita se da días después de que Putin amenazara con desplegar armas en terceros países para golpear intereses occidentales, en un contexto de tensión creciente por la guerra en Ucrania. “Intencionalidad de provocación” “Hay una intencionalidad de provocación, no significa que esa provocación tenga una proclividad al escalamiento. Es una muestra de fuerza, de capacidad de proyección y de demostrar que ellos tienen sus socios en otras partes del mundo. Como en este caso es Cuba, pero en el pasado se ha hecho también mucho énfasis sobre Venezuela”, explica a RFI el analista internacional Andrei Serbin Pont. Las actividades rusas en América Latina y el Caribe no son una novedad. Pero el interés estratégico es relativo, como comenta el también presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales: “No es particularmente importante para la estrategia militar rusa, sólo en términos del inconveniente que le genera para Estados Unidos la presencia rusa como la China en América Latina. Para Estados Unidos, ha sido particularmente importante tratar de evitar la penetración de estos actores dentro de la región, con un éxito limitado. Y entonces hacer este tipo de maniobras o tener este tipo de presencia es una forma de muy bajo costo de enfatizar estos problemas para Estados Unidos”. “Resistencia ante la influencia norteamericana” Distinta, en cambio, es la relevancia del apoyo ruso para Cuba. “Históricamente trata de marcar muy claramente su posición de resistencia ante la influencia norteamericana. Mostrarse con socios poderosos les es de interés, obviamente, pero también en un contexto creo que doméstico complejo, vienen de una serie de protestas, de problemas energéticos, una crisis económica muy fuerte, el apoyo internacional también le es de interés al régimen a la hora de proyectarse internamente”, analiza Andrei Serbin Pont. El arribo de esta flota a la isla caribeña se dio el mismo día en que el canciller cubano Bruno Rodríguez y su homólogo ruso Serguéi Lavrov se reunieron en Moscú. Allí, el funcionario cubano rechazó la expansión de la OTAN hacia la frontera rusa y celebró “las históricas relaciones de amistad” entre ambos países.

Flota naval rusa llega a Cuba, ‘una muestra de fuerza’

Concluyó el primer juicio en Estados Unidos contra la multinacional Chiquita Brands por la financiación a los paramilitares en Colombia, y por los crímenes cometidos. La sentencia: pagar una millonaria indemnización a 8 víctimas, de momento. Ahora, falta que la compañía recurra la sentencia o por el contrario indemnice a las víctimas. En 1997, David, un hombre que dedicaba sus días a trabajar en una plantación de bananos, fue asesinado en 1997 a manos de un grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Más tarde, los paramilitares también acabarían con la vida de su hermano y secuestraría a sus hijas; todo con el objetivo de expulsar de sus tierras a toda la familia en nombre de la empresa Chiquita Brands. Tras más de una década de litigios, una corte de Florida, Estados Unidos, condenó a los directivos de la empresa norteamericana por financiar estos atroces actos de violencia. Un hecho inédito, según Gabriela Valentín, abogada de EarthRights, uno de los grupos que presentaron la demanda. “Está es la primera vez que un jurado estadounidense responsabiliza a una corporación de Estados Unidos por su complicidad en abusos de Derechos Humanos cometidos en el exterior, en este caso en Colombia”. Los antecedentes del caso se remontan a los años 80, cuando esta multinacional bananera, quiso expandirse en varias regiones colombianas afectadas por la violencia generada por la guerrilla conocida como las FARC. Su objetivo era hacerse con los terrenos cuyos precios estaban por los suelos, pero al igual que a la ciudadanía, las FARC comenzó a amenazar a la compañía. En lugar de buscar ayuda en el ejército o la policía, Chiquita proporcionó armas y financió con 1,7 millones de dólares a otro grupo paramilitar, que emplearon también el dinero para cometer masacres que han afectado a más de 4.000 personas.  “El jurado, tras escuchar todos los testimonios de las víctimas, a los funcionarios, revisar y analizar pruebas documentales y escuchar por parte de expertos, tomó la decisión de que sí, la financiación de Chiquita a las AUC causó la muerte de las víctimas, a los familiares de los demandantes”, explica la abogada y añade que en cuanto a la pregunta de si la empresa fue extorsionada para recibir esos pagos, “determinaron que no, que no hubo ninguna extorsión”.  Según EarthRights, aún queda un largo camino por recorrer, ya que falta que la justicia reconozca los crímenes cometidos contra el resto de las familias afectadas. Los ocho demandantes en el juicio civil de Florida acusaron al grupo agroalimentario de pagar casi dos millones de dólares a las AUC y ayudarles a transportar armas y drogas. El jurado aceptó el argumento de que ese dinero se utilizó para cometer crímenes de guerra como homicidios, secuestros, extorsiones, torturas y desapariciones forzadas. Por eso los ocho demandantes “a lo que el jurado encontró responsabilidad por parte de Chiquita se les otorgó más de 38 millones de dólares americanos. En este momento no sabemos exactamente cuándo los recibirán ya que Chiquita tiene la oportunidad de apelar la decisión”, explicó Gabriela Valentín, abogada de EarthRights.Leer tambiénMultinacionales y paramilitares: una alianza poco investigada en Colombia

Pocas perspectivas de éxito para que la oposición anule la candidatura de Bukele

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