Frankfurt, 2002. Un niño de once años ha sido secuestrado.
La policía detiene al hombre que recogió el rescate. Está convencida de que el niño sigue vivo. Pero el detenido miente, y cada hora que pasa juega en su contra.
Entonces el subjefe de la policía de Frankfurt toma una decisión que marcará la historia jurídica de Alemania: ordena amenazar al detenido con dolor físico para que revele dónde está el niño.
El hombre habla.
Pero ahí no termina el caso.
Años después, el detenido se convierte en demandante, Alemania en acusada y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe responder una pregunta que toca uno de los límites del Estado de Derecho:
¿Hay límites que el Estado no puede cruzar, ni siquiera para salvar una vida?