Por Aldana Paludi – Estudio Jurídico Dovis & Asoc., sucursal Río Tercero

En estos días, tras el desacuerdo de los empresarios con el gobierno,  se dio la posibilidad de aplicar la ley 26991, la llamada Ley de Abastecimiento.

Dicha ley garantiza que las personas puedan acceder a ciertos bienes y servicios, es decir, que la tutela judicial que tiene esta ley es que el Estado pueda obligar a las empresas a que piensen en la situación  económica del país y no solo en sus ganancias personales.

Esta ley no puede extenderse en el tiempo, solamente se utiliza para casos excepcionales, como lo ocurrido estos días.

Con respecto a la constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, avaló casos anteriores, como el de Shell.

Las sanciones que pueden derivar de la aplicación de la ley pueden ser multas, clausura de establecimientos, decomiso de mercaderías, inhabilitaciones, suspensión de hasta 5 años y pérdida de concesiones; dependiendo de la gravedad del hecho cometido.