El Ministerio Público afirmó que los cabecillas de una supuesta red de trata de personas pagaban mil pesos a policías por cada persona que tenían privada de libertad en una casa del Ensanche Ozama donde explotaban sexualmente a mujeres traídas de Colombia, mientras una jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó para el viernes la audiencia para conocer las medidas de coerción