La subversión en Haití ya incluye a la Policía que se declara con arrogancia dispuesta a quemar el país si los asesinos de agentes no devuelven los cuerpos que retienen tras sus trincheras, lo que supone un incremento de la ingobernabilidad.

Se intensifican los motivos para huir, con tendencia a hacerlo hacia República Dominicana. Y ya el zarandeado gobierno de Möise muestra impotencia y pide ayuda de la OEA y la ONU para controlar la violencia que proviene de ambiciones políticas y activismo delictivo.

No puede permitirse que el caos, las debilidades institucionales y las incapacidades de los haitianos para la convivencia civilizada repercutan nocivamente hacia este lado de la frontera.

En este particular momento, procede acentuar barreras al ingreso de personas desde Haití. Que jamás debería ser en multitudes, sin ver individualmente quién es quién y el peso de motivos para venir.

La libertad de tránsito, como derecho humano, no llega a lo absoluto en la interacción de Estados y naciones.

Las leyes valen. Aquí existe un orden social, legal y político que deben ser respetados. Lo mejor que ha hecho el acosado y débil régimen haitiano es pedir auxilio a organismos transnacionales en este momento de escalada crítica.

El restablecimiento desde fuera de mínimas condiciones de orden público en Haití corresponde a la comunidad internacional que incluye a países grandes con antecedentes de compromiso con esa república.