La cárcel goza de buena salud como mecanismo de represión de ciertas poblaciones y de dispersión social de miedo para prevenir el delito. Nuestros políticos estiman que el encarcelamiento es una buena respuesta a los desórdenes que llamamos crímenes. Si uno conoce la realidad de la prisión siente dolor a causa de esa institución total y de sus efectos. Nuestras prisiones están llenas de pobres gentes, son un lugar privilegiado de reproducción de la desigualdad social. Resulta inaguantable la sobrerrepresentación en la población penitenciaria de marginados, migrantes del Sur (un lugar en el mundo que se extendió hacia el Este) y desfavorecidos en general. Más ahora que se ha hecho visible la entidad sistémica de la corrupción pública y el grave daño social que producen los delitos de los poderosos. Un sistema que niega sistemáticamente la aplicación de los medios penitenciarios de rehabilitación –permisos, progresión de grado, libertad condicional–, facilita de manera escandalosa la descarcelación de los pocos condenados por delitos económicos, que se benefician de su aparente buena integración social. No es necesario, parece decírsenos, tratamiento alguno, son reintregables de manera inmediata al mercado.

Rafael Sainz de las Rozas, profesor de Derecho Penal de la UPV-EHU