El periodista analizó casos de incompatibilidad entre el deber de funcionario público y la participación en empresas privadas: «¿Qué sería participación y no incidencia? cuando la oficina anticorrupción afirma que hay conflicto de intereses».

«La ley de ética pública establece que un funcionario está obligado a abstenerse de tomar intervención en trámites que involucren a la persona y asuntos con los que tuvo algún tipo de vinculación en los tres años inmediatamente anteriores», citó Gustavo Campana.

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