Ser médico en Nicaragua se ha convertido en una profesión que, más allá de tener una labor humanista, debe sortear los embates de un sistema que ha identificado en esta población una amenaza. En los últimos tres años el Gobierno convirtió el ejercicio de la medicina en un blanco de ataques e imposiciones que perjudican directamente la salud, estabilidad y desarrollo de la ciudadanía nicaragüense.

Antes de la pandemia de Covid-19, el sistema de salud en el país ya presentaba síntomas de deterioro, debido a que este no es una de las prioridades del Gobierno central. Por el contrario, el Estado utiliza la salud pública como un instrumento más de su ejercicio político, empleando un sistema de premiación para quienes cumplen las órdenes de la pareja presidencial sin "peros", y castigando a quienes exhiben la precariedad en la que el país está sumergida; penas que van desde amenazas, censura, despido, desplazamiento forzado e incluso muerte.