Hoy a las 17:30 horas en la Biblioteca Popular Sarmiento, se va a llevar a cabo una reunión organizada por Inquillinos Jesús María que tiene por objetivo abrir un espacio de consulta sobre los contratos de alquileren defensa dd los derechos de las y los inquilinos y contra el abuso inmobiliario.

El miércoles pasado, las comisiones de Legislación General y Presupuesto emitieron dos dictámenes para reformar la Ley de Alquileres. Uno de mayoría impulsado por el oficialismo que sumó 40 firmas de diputadas y diputados del Frente de Todos y otro de minoría impulsado por Juntos por el Cambio, Frente de la Concordia, Interbloque Federal y el Interbloque de Provincias Unidas que recibió el respaldo de 39 legisladoras y legisladores.

LA PROPUESTA OFICIALISTA

A lo largo del tratamiento el Frente de Todos defendió la ley sancionada en 2020 que establece contratos a tres años, actualización anual de los valores basado en un indicador promedio de la inflación que mide el Indec y la variación salarial publicado por el Ripte del Ministerio de Trabajo.

También proponen en el proyecto un sistema de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler.

Otro punto clave pasa por la ampliación de las ofertas de seguro de caución, una bancarización obligatoria y el registro de parte de los martilleros de los inmuebles ante la AFIP, entre otras cuestiones.

LA PROPUESTA DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, el dictamen de minoría prevé un contrato de dos años, un ajuste acordado libremente entre las partes basado el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices, y una actualización consensuada que puede ir de tres meses y a un año.

Además impulsan que no se pague la ley del cheque en caja de ahorro o cuentas corrientes bancarias utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados, conforme a la reglamentación.

AMBOS PROYECTOS

Impulsan que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen impositivo general si tienen alguna propiedad en alquiler, además de contemplar que no paguen bienes personales si las unidades son destinadas a alquiler con un tope de 30 millones de pesos.