El reclamo por la coparticipación volvió a escalar y dejó expuesto un conflicto político abierto: marcha en la calle, cruces en la Legislatura y un proyecto de ley en discusión.

El problema es por recursos, tiempos y decisiones.

Y en el medio, municipios que reclaman, un Ejecutivo que responde y una tensión que impacta en salarios y gestión.