Por Eduardo Anguita

Pablo Noceti es el jefe de Gabinete de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. El lunes 31 de julio dio una entrevista a Radio Nacional Esquel en la que advertía, de modo temerario, que la Gendarmería iba a ingresar a la estancia Leleque para terminar con las actividades delictivas de la Resistencia Ancestral Mapuche. Noceti fue defensor de militares acusados por la desaparición forzada de personas. Este dato es necesario porque al día siguiente, el martes 1 de agosto, bajo la supervisión de Noceti, los gendarmes ingresaron a las improvisadas casitas que tienen el grupo de mapuches que están en la estancia Leleque y destruyeron todo. Incluso, quemaron los juguetes de los pibes. Algunos medios hablan de resistencia o de enfrentamientos, cuando lo que hubo fue un desalojo violento, con tiros y golpes, que provocaron una huida por parte de quienes estaban allí. Un joven mochilero, Santiago Maldonado, que había llegado a esa comunidad el día anterior, hasta el momento de escribir estas líneas está desaparecido. Los testigos, que cruzaron el río cercano al lugar donde residían, aseguran que Maldonado no cruzó el río y que fue violentamente detenido por los gendarmes. Es más, aseguran que lo ingresaron a una de las dos camionetas de Gendarmería.

La desaparición de Maldonado conmueve a una sociedad que todavía no puede digerir muchos de los conflictos argentinos. Desde los ancestrales, relacionados con la represión violenta a los mapuches durante la campaña de Julio Argentino Roca en 1879 hasta la entrega de la Patagonia a multimillonarios extranjeros como los hermanos Carlo y Luciano Benetton, dueños precisamente de la estancia Leleque y de un millón de hectáreas en el sur argentino.

Por orden de prioridades, ante todo la vida de Maldonado. El secretario de Seguridad Gerardo Millman dijo a radio Telam que los mapuches y la familia de Maldonado no colaboran con la investigación. Sin embargo, la familia de Maldonado ante el juez de Esquel Guido Otranto, donde se tramita la desaparición forzada de Santiago, pidió el peritaje de las dos camionetas. Ambas fueron lavadas. Además, un perro adiestrado que olió ropa de Maldonado se quedó en el territorio de la comunidad y no fue hacia otras direcciones.

Se alzan voces de todos lados para que aparezca Santiago. La ministra Bullrich deberá responder ante la Justicia y ante la sociedad de por qué su jefe de Gabinete estuvo al frente de este operativo en una semana electoral. Cabe recordar que esta pequeña comunidad tiene como líder a Facundo Jones Huala, un joven mapuche que se rebela ante la legislación que le da legitimidad a la multinacional Benetton como dueña de las tierras. Jones Huala, de 31 años, es requerido por la Justicia de Chile desde hace dos años por supuestos delitos contra la propiedad del otro lado de la cordillera. Hace dos años, el juez Guido Otranto desestimó el pedido chileno porque una de las pruebas que lo incriminaban había sido recabada a través de apremios ilegales. Por eso no dio la extradición. Sin embargo, a fines de junio, apenas después del encuentro entre los presidentes Michelle Bachelet y Mauricio Macri, Jones Huala fue detenido y está en la unidad 14 del servicio penitenciario de Chubut a la espera del nuevo juicio de extradición.

Jones Huala reclama las tierras y llama a la resistencia violenta. De allí a que, como dicen ya algunos medios, haya una guerrilla mapuche, hay un abismo. La manipulación de la información de actualidad requiere de una mirada retrospectiva. Es la única manera de sondear un camino de respeto a las comunidades originarias y de entender que este conflicto de intereses tiene a un grupo muy vulnerado de un lado y a una multinacional poderosa del otro.