En esta ocasión, Armando Rangel junto con el Mtro. Carlos Góngora y el Lic. Franco Utrera cuestionan el derecho del Estado a interferir los teléfonos y las redes sociales en pro de la seguridad nacional.

En Estados Unidos ya nadie está a salvo de la vigilancia de las autoridades. La Administración estudia obligar legalmente a las compañías de Internet a que les den acceso a los datos de los usuarios.

Más que un escándalo, el espionaje a la agencia AP es una operación que resta credibilidad a una Administración que presumía de haber acabado con las tácticas secretistas del anterior Gobierno y nos lleva a cuestionar los límites entre la libertad de expresión y la seguridad nacional.