El conflicto se remonta a una adjudicación irregular de tierras de posesión ancestral a un comunero de Wimbí, quien las vendió a un inversionista de Quito. Posteriormente las tierras pasaron rápidamente a manos de la empresa Energy & Palma, que actualmente tiene el título de propiedad de las 1200 hectáreas en disputa. Los conflictos se iniciaron a poco tiempo de la adjudicación y venta ilegal de las tierras, pues los wimbiseños que habían utilizado tradicionalmente estos territorios siguieron haciéndolo.