Tras denunciar negocios irregulares, el periodista Eduardo Lliteras, de Yucatán, fue demandado penalmente por el empresario Rafael Acosta Solís, señalado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y el periodista Lliteras de promover una mafia inmobiliaria en el Estado.

Como Eduardo, 16 periodistas y medios de comunicación en Yucatán han sido hostigados penalmente para callar sus voces.

Yucatán es una de las siete entidades del país que aún no elimina los delitos contra el honor como la injuria, calumnia y difamación, aunque estos se derogaron a nivel federal desde el año 2007.