El Vaticano se enfrenta a un momento sin precedentes. El papa Francisco ha decidido rechazar los presupuestos para 2025, exigiendo una reestructuración del gasto ante una crisis económica que amenaza desde hace décadas. Con muchas diócesis en bancarrota y un déficit millonario en la Iglesia Universal, el pontífice insiste en que la administración eclesial debe regirse por la transparencia y la austeridad, evitando cualquier derroche o gestión irresponsable de los recursos. Sin embargo, esta transformación no está siendo sencilla. La lucha por sanear las finanzas vaticanas ha despertado resistencias dentro de la propia estructura eclesial, donde algunos grupos e individuos ven amenazados sus privilegios. A lo largo de los años, se han implementado medidas de control, licitaciones más rigurosas y normativas para evitar el blanqueo de capitales, pero la gran pregunta sigue en el aire: ¿será suficiente?