El reciente desahucio de las exmonjas del monasterio de Belorado marca el desenlace legal de un cisma sin precedentes en España. La justicia ha determinado que las antiguas clarisas perdieron su derecho sobre el recinto religioso al abandonar su obediencia a Roma. Tras los aparentes argumentos ideológicos preconciliares se ocultaba realmente una profunda quiebra financiera derivada de una gestión económica ineficaz. Actualmente, el grupo escindido afronta diversos procesos judiciales en curso por causas de índole civil y penal. Las autoridades investigan la presunta venta irregular de patrimonio, además del supuesto trato degradante hacia las religiosas de mayor edad. La recuperación del convento burgalés desvela un grave deterioro general, con problemas de insalubridad y la desaparición de archivos y bienes. El arzobispado y la federación de clarisas asumen ahora el enorme reto de sanear las abultadas deudas generadas durante este periodo de insubordinación. Otras comunidades contemplativas subrayan que la excesiva exposición mediática de este conflicto no refleja en absoluto la verdadera naturaleza del recogimiento en la vida monástica.