La Iglesia está del lado del medio millón de personas extranjeras en España que afrontan un proceso crucial para su futuro legal y laboral. La nueva regularización extraordinaria de 2026 abre una vía formal para quienes carecen de una cobertura jurídica básica. Para lograr acceder es estrictamente necesario acreditar la permanencia continuada en el país y presentar un historial penal limpio. Sin embargo, la complejidad de esta tramitación burocrática ha generado un terreno fértil para el fraude y el abuso económico. Diversos actores ilícitos y falsas agencias cobran sumas excesivas por gestiones que son gratuitas mediante los canales oficiales. Frente a esta situación, agrupaciones civiles y muchas parroquias han activado redes de acompañamiento presencial. Equipos de especialistas jurídicos guían a los solicitantes para sortear engaños y asegurar la presentación de expedientes correctos. Colectivos altamente expuestos, como el de las empleadas del hogar, encuentran aquí un firme respaldo para conocer sus garantías. Desde una óptica global, el debate de fondo apunta hacia las causas estructurales que provocan el desplazamiento forzado de poblaciones. Se subraya así el derecho inalienable a no migrar, exigiendo a los estados la promoción de un desarrollo económico local sostenible, donde la cooperación internacional se erige como la herramienta indispensable para gestionar cualquier flujo humano de forma ordenada.