Hoy ha comenzado en el Tribunal Supremo la declaración de José Luis Ábalos, exministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez, acusado de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, integración en organización criminal o uso de información privilegiada, para los que la Fiscalía ha pedido un total de 24 años de prisión. 

Por mucho que el Gobierno quisiera en su día establecer un cortafuegos en el ministro Ábalos, es imposible desvincularle del sanchismo. Resulta imposible olvidar imágenes como la de toda la bancada socialista aplaudiendo a Ábalos durante la moción de censura a Mariano Rajoy o los vídeos promocionales del partido, en los que Ábalos repetía que él era feminista porque era socialista.

Tiene lógica que quienes van pasando por el banquillo procuren que les salpique lo menos posible una corrupción que enfanga desde hace tiempo al entorno inicial de Sánchez. Hoy, Ábalos ha intentado jugar un equívoco papel de víctima en el que dice que es un caso mediático juzgado hace ya tiempo. Lo cierto es que, aunque el Gobierno del que fue pieza clave le haya utilizado como chivo expiatorio, es compatible con que pueda haber verdad en todo lo que se juzga. 

Ábalos ha negado que tuviera nada que ver en las contrataciones irregulares de sus dos amigas, Jessica Rodríguez y Claudia Montes, así como en los contratos de material sanitario con la empresa de Aldama, a cambio de suculentas mordidas. Salvando siempre la presunción de inocencia, hay numerosos indicios sobre la mesa para intuir que esto es solo la punta de un enorme iceberg