Estas son las noticias de derechos humanos que destaca Amnistía Internacional esta semana. Preocupación por la acción militar ordenada por Donald Trump en Venezuela y sus consecuencias para la población civil. En España, el Gobierno ha prorrogado la moratoria antidesahucios, una medida necesaria pero insuficiente ante la gravedad de la crisis de vivienda. En El Salvador, dos presos de conciencia recuperan la libertad tras meses de detención injusta. Y en Uganda, denunciamos la brutal (…)Acción militar de Estados Unidos en Venezuela
Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación por la acción militar llevada a cabo por la Administración Trump en Venezuela el pasado 3 de enero, que ha resultado en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Esta operación constituye una violación del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas.La organización alerta también sobre la intención declarada de Estados Unidos de intervenir en la gobernanza del país y controlar sus recursos petroleros, lo que agrava aún más el riesgo de vulneraciones de derechos humanos. Amnistía Internacional advierte de una posible escalada de abusos, tanto como consecuencia de nuevas operaciones militares estadounidenses como por las respuestas que pueda adoptar el propio Estado venezolano.Ante esta situación, la organización insta al gobierno de Estados Unidos a cumplir estrictamente con el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, a priorizar la protección de la población civil y a garantizar los derechos de todas las personas privadas de libertad. Esto incluye el respeto al debido proceso y un trato humano en todas las circunstancias.También hace un llamamiento a las autoridades venezolanas para que se abstengan de más represión en contra de la población, recordándoles que están obligadas por el derecho internacional a respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas en Venezuela.Prórroga de la moratoria antidesahucios en España
El Consejo de Ministros aprobó la prórroga, por un año más, de la moratoria antidesahucios antes del final de año, una medida que mantiene suspendidos al menos 60.000 lanzamientos de familias en situación de vulnerabilidad en todo el país. La decisión llega tras meses de presión social y después de que una amplia coalición de entidades y movimientos sociales presentara en el Congreso el manifiesto “Ni un desahucio más. Ni una familia sin derecho a la vivienda”, firmado ya por más de cien organizaciones.Desde las entidades sociales se valora positivamente esta prórroga como un primer paso imprescindible para frenar una inminente ola de desahucios. Sin embargo, se advierte de que la medida sigue siendo claramente insuficiente. La moratoria solo ha protegido a una de cada cuatro familias afectadas, debido a definiciones restrictivas de vulnerabilidad, a la aplicación desigual por parte de los jueces y a la exclusión de numerosos supuestos, como familias que se vieron obligadas a ocupar una vivienda tras la pandemia o personas inquilinas con contratos de renta antigua.Las organizaciones recuerdan que la crisis de vivienda no se resolverá con prórrogas temporales y reclaman soluciones estructurales que garanticen alternativas habitacionales dignas y estables.Liberación de dos presos de conciencia en El Salvador
Amnistía Internacional celebra la liberación de Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, detenidos durante meses por ejercer su derecho a la protesta pacífica en El Salvador. La organización recuerda, no obstante, que nunca debieron haber sido privados de libertad ni sometidos a un proceso penal.Tal y como han señalado diversos mecanismos internacionales, ningún Estado puede utilizar el derecho penal para castigar o disuadir la participación en manifestaciones pacíficas. En estos casos, el uso de delitos como “resistencia agresiva” o “desórdenes públicos” es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión y de reunión.Además, el procedimiento abreviado aplicado, que condiciona la excarcelación a la aceptación de los hechos imputados, plantea serias preocupaciones sobre el respeto al debido proceso. Aunque su liberación es una buena noticia, no repara las violaciones de derechos humanos sufridas ni elimina el carácter arbitrario de su detención. Amnistía Internacional recuerda que otras personas defensoras y voces críticas continúan encarceladas injustamente en el país.Represión contra la oposición en Uganda
En Uganda, Amnistía Internacional denuncia que las fuerzas de seguridad han reprimido de forma ilegal manifestaciones pacíficas de la oposición, utilizando una fuerza innecesaria y excesiva. La organización ha documentado detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos contra personas que participaban en concentraciones políticas.Entre los incidentes verificados se encuentran el uso de gases lacrimógenos contra multitudes pacíficas en Kawempe e Iganga, así como agresiones físicas y el uso de spray pimienta. Estas actuaciones han ido acompañadas de restricciones indebidas a la libertad de movimiento para impedir los actos de campaña del partido opositor Plataforma de Unidad Nacional.Amnistía Internacional exige a las autoridades ugandesas que pongan fin de inmediato a la represión, respeten el derecho a la protesta pacífica y garanticen la rendición de cuentas por los abusos cometidos.
