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Los agentes fronterizos de Estados Unidos que trabajan en aeropuertos, estaciones de tren y terminales marítimas podrían tener mayores poderes en territorio canadiense.

El gobierno canadiense está considerando favorablemente un proyecto de ley C-23, que fue presentado por el ministro de Seguridad Pública, Ralph Goodale, en el Parlamento canadiense antes de que el bombástico Donald Trump gane las elecciones en Estados Unidos.

"Cuando este proyecto legislativo fue presentado en el Parlamento canadiense, no existían órdenes ejecutivas ni prohibiciones de ingreso de parte del gobierno estadounidense", explica Howard Greenberg, un abogado en inmigración en Toronto.

Él fue uno de los consejeros del gobierno en la redacción de las leyes en vigor en Canadá sobre la pre-inspección y verificación en materia de inmigración.

Esas leyes permiten a los ciudadanos canadienses evitar las largas filas de control de inmigración que deben hacer los ciudadanos de otros países al ingresar a Estados Unidos.

Agentes de los servicios fronterizos de Canadá © Presse CanadienneSegún el abogado Howard Greenberg, uno de los beneficios que gozan los canadienses que se someten al control aduanero estadounidense en territorio canadiense es el derecho de simplemente abandonar la fila y no someterse al interrogatorio de los agentes estadounidenses.

Ahora, la nueva ley en consideración en el Parlamento canadiense modifica esta posibilidad, ya que bajo los términos del proyecto de ley C-23, el agente fronterizo estadounidense encargado de la pre-inspección inmigratoria puede interrogar a un ciudadano canadiense por qué quiere retirarse del proceso, y éste tiene la obligación de responder a las preguntas, explica el abogado de Toronto, Howard Greenberg.

Según Michael Greene, abogado experto en inmigración en la ciudad de Calgary, los términos empleados en el nuevo proyecto de ley C-23, que establece el poder que tendrían los agentes estadounidenses de detener a un ciudadano canadiense en territorio canadiense, son extremadamente vagos.

El problema ahora es que si un canadiense decide que no quiere someterse al control de los agentes estadounidenses y decide irse, puede ser acusado de no cooperar con las autoridades, una acción que bajo los términos de la nueva ley, es una ofensa por la cual uno puede ser arrestado, explica el abogado experto en inmigración, Michael Greene.

Frontera entre Canadá y Estados Unidos © PC / Darryl DickPero los cambios que implica el proyecto de ley C-23 no acaban allí. Bajo las leyes actuales, los agentes fronterizos estadounidenses no tienen el derecho de esculcar y registrar a un canadiense en territorio canadiense. Ellos tienen que pedirle a un agente canadiense que lo haga en su lugar.

La ley C-23 cambiará esta situación, dicen los expertos legales.

Washington decidió extender poderes similares a los agentes fronterizos canadienses en territorio estadounidense. Tanto el Congreso como el Senado estadounidense aprobaron en diciembre una ley que otorga esos poderes de control migratorio.

El ministro canadiense de Seguridad Pública, Ralph Goodale presentó este proyecto de ley C-23 antes de las elecciones en Estados Unidos. Sin embargo, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y la serie de polémicas órdenes presidenciales en materia de inmigración no parecen haber modificado la determinación del gobierno canadiense de llevar adelante este proyecto de ley.

Por su parte, los expertos legales tiene la esperanza de que este proyecto de ley C-23 sea enviado a un comité legislativo para que pueda ser estudiado con más detalle, y que se lleven a cabo los cambios necesarios antes de que este proyecto se convierta en ley canadiense.

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