#AlertaCIPER

El código “Mascarilla 19” que deben usar las mujeres que sufren violencia doméstica no está funcionando en todas las farmacias. A más de 20 días de su puesta en marcha, el Ministerio de la Mujer no respondió a CIPER las consultas sobre el balance de la iniciativa, adoptada por el incremento de las agresiones durante el primer mes de las cuarentenas. Ahora que el encierro afecta a 32 comunas y casi 7 millones de personas en la Región Metropolitana, el aumento puede ser mucho más grave. Los otros dispositivos para auxiliar a las mujeres –un teléfono, un whatsapp y un chat­– reciben a diario más de 600 llamados y 190 mensajes, pero no se sabe cuántas mujeres han encontrado una solución efectiva a través de estos canales.

Por lo menos 22 municipios, además de la subsecretaría de Energía y el Gobierno Regional de Aysén, han contratado a Itelecom. Esa empresa hoy es investigada por las Fiscalías de Tarapacá, Ñuble y Metropolitana Centro Norte por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos. Entre los indagados figuran, entre otros, cuatro concejales y un juez de Policía Local. CIPER revisó las órdenes de compra de distintas entidades públicas a favor de Itelecom en los últimos tres años. En total, los contratos que favorecieron a la empresa desde 2017 suman al menos $44 mil millones.

En abril, Punta Arenas estuvo dos veces al límite de su capacidad para atender casos críticos, pero salió adelante. Adaptaron el hospital para atender prioritariamente Covid-19, aumentaron sus camas UCI, reorganizaron turnos y reemplazos, montaron un laboratorio para procesar exámenes y mantienen en alerta el sistema de evacuación aérea de pacientes. Aunque la respuesta local ha sido eficiente, la ciudad que tiene el mayor nivel de contagio en el país ya está al límite. Ahora depende de que las autoridades centrales envíen más ventiladores y personal de reemplazo.

Como el cabo segundo Juan Solís Parra fue identificado uno de los dos carabineros acusados de ser autores de los disparos contra un grupo de manifestantes en La Florida el pasado lunes 27 de abril, hecho que dejó una decena de heridos. CIPER tuvo acceso a documentos internos de la policía en los que se acusó al cabo Solís de mantener nexos con narcos y de haber hechos disparos de madrugada en una “villa fiscal” en 2015.

La ley que permite a los empleadores suspender el pago de remuneraciones fue presentada como una política especialmente enfocada en las Pymes. Por eso, causó controversia que aparecieran grandes compañías acogiéndose al beneficio. Dos asesores del gabinete de la ministra Zaldívar explicaron a CIPER que nada impide que las grandes empresas usen esta ley y que nadie revisa que efectivamente estén en riesgo, porque, en el fondo, se trata de “un pacto de buena fe”. El único camino que tienen los trabajadores que se sientan perjudicados, dijeron, es que demuestren ante la justicia que se trataba de empresas económicamente sanas.

La diferencia entre la cifra de muertos del mes de marzo de 2020 con los del mismo mes del año pasado ha sido debate público. Algunos han planteado que esa diferencia es mayor y que podría significar que la autoridad sanitaria no está entregando información fidedigna, lo que implicaría que los fallecidos infectados por Covid-19 serían más que los informados oficialmente. En este capítulo de Alerta Ciper te explicamos porque esa premisa no tiene sustento, hasta ahora.

En este capítulo de #AlertaCIPER revisamos la entrevista con Tomás Pérez-Acle, integrante del grupo de asesores del Ministerio de Ciencias que trabajan evaluando los efectos de cuarentenas y cordones sanitarios en el avance de la pandemia. Dice que “es indiscutible” que las medidas del gobierno están funcionando, como lo indica la baja cifra de muertes. Pero concuerda con otros académicos en que falta información y que se debe aumentar el número de exámenes. Y advierte sobre el relajo que puede provocar el escenario de “nueva normalidad”.

El gobierno compró un millón de kits para exámenes de Covid-19, pero algunos encargados de los laboratorios que los procesan reclaman que no sirven: dicen que las tórulas compradas (una especie de “cotonito” largo) son rígidas, por lo que no pueden introducirse por la nariz hasta la garganta, lo que puede multiplicar los “falsos negativos”. El gobierno pagará $8.900 millones por la compra, pero en el mercado hay productos similares a un tercio del valor a pagar por cada unidad. La empresa que vendió los kits justifica su precio porque serían más seguros y no requieren cadena de frío.

Este capítulo de #AlertaCiper repasa la historia de la reunión de más de 300 líderes evangélicos en Paine que suma más de 30 contagiados por Covid-19, además del fallecimiento del obispo Mario Salfate, también contagiado en ese lugar. En otras comunas del país como Osorno, San Pedro de la Paz, La Pintana y Puente Alto los cultos evangélicos también han sido brotes de contagio del virus. 

Durante su paso por el Hospital de Talca y luego en su velorio y funeral en Romeral (Maule) no se tomaron resguardos. Nadie sabía que Fabiola Machuca era portadora a pesar de que el 25 de marzo la joven había sido derivada a un centro médico de Curicó por sospecha de Covid-19, pero su caso no cumplía con el protocolo y no le hicieron el examen. Dos semanas después falleció en el Hospital de Talca, donde fue tratada por síntomas de leucemia, debido a una insuficiencia respiratoria aguda. El test se tomó recién tras su deceso. Su familia, el personal médico que la atendió y asistentes a su funeral son monitoreados.