Aunque históricamente el fenómeno de la corrupción y la violación de derechos humanos son dos conceptos que siempre se han entendido como fenómenos independientes y no necesariamente conectados, sin embargo, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la corrupción afecta a los derechos humanos en distintas formas tanto civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, además es un componente que debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas.
Por un lado, vemos que muchos recursos importantes para garantizar las políticas públicas en materia de salud, educación, infraestructura o seguridad se pierden en prácticas corruptas tanto en el sector estatal como en la relación con el privado.
La corrupción afecta directamente al debilitamiento de las instituciones, en especial las que están relacionadas con la administración de justicia, afectando la independencia de jueces, fiscales y abogados generando desconfianza en los sistemas judiciales las cuales deben garantizar la protección de los derechos humanos.
En nuestra región el fenómeno de la corrupción viene de larga data. Basta observar los miles y miles de casos que quedan impunes en distintos países y cuya búsqueda de justicia ha ampliado la brecha entre los que menos oportunidades tienen ya que la corrupción es una práctica permanente que ha afectado las condiciones de vida de la población.