El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se ve obligado a adquirir numerosos medicamentos de una marca específica a costos excesivamente altos y a destinar millones de quetzales en tratamientos cuya efectividad es cuestionable, todo como consecuencia de los amparos presentados. Actualmente, este problema consume el 46 % del presupuesto destinado a medicinas dentro del Seguro Social.