La reforma 2025 confunde la naturaleza del juicio de amparo. Fue diseñada para fines recaudatorios y de combate al lavado de dinero, pero su aplicación generalizada desnaturaliza el amparo como instrumento principal de defensa de DDHH del ciudadano contra la autoridad. Esto es desviación de poder legislativo.

Es inconstitucional aplicar reglas diseñadas para grandes deudores fiscales o lavadores de dinero a casos de protección de datos personales o derechos humanos. Esta extensión arbitraria de efectos procesales viola el principio de igualdad y proporcionalidad legislativa (Art. 1, 14, 16 Const

El ciudadano tenía una expectativa legítima de litigar con las reglas vigentes al presentar su demanda. Cambiar las condiciones a mitad del litigio rompe el equilibrio procesal y genera indefensión. La reforma, tal como quedó, "pone en riesgo la certeza jurídica" de los ciudadanos, un pilar del debido proceso (Art. 16 Const.).