Amparo contra la reforma a la ley de amparo

La reforma 2025 confunde la naturaleza del juicio de amparo. Fue diseñada para fines recaudatorios y de combate al lavado de dinero, pero su aplicación generalizada desnaturaliza el amparo como instrumento principal de defensa de DDHH del ciudadano contra la autoridad. Esto es desviación de poder legislativo.

Es inconstitucional aplicar reglas diseñadas para grandes deudores fiscales o lavadores de dinero a casos de protección de datos personales o derechos humanos. Esta extensión arbitraria de efectos procesales viola el principio de igualdad y proporcionalidad legislativa (Art. 1, 14, 16 Const

El ciudadano tenía una expectativa legítima de litigar con las reglas vigentes al presentar su demanda. Cambiar las condiciones a mitad del litigio rompe el equilibrio procesal y genera indefensión. La reforma, tal como quedó, "pone en riesgo la certeza jurídica" de los ciudadanos, un pilar del debido proceso (Art. 16 Const.).

Discurso para el Senado de la República sobre la Iniciativa de Retrospectividad en la Ley Nacional de Extinción de Dominio

Los textos abordan la Inteligencia Artificial (IA) desde múltiples perspectivas, comenzando con su evolución histórica y el marco normativo internacional y nacional, como la Ley de IA de la UE y propuestas legislativas en México, así como el impacto de la IA en la propiedad intelectual. También se explora la aplicación de la IA en diversos campos, incluyendo la salud, la industria musical y el comercio digital, destacando tanto sus beneficios como los desafíos éticos y de ciberseguridad. Finalmente, los documentos examinan el uso de la IA en la gestión de la propiedad industrial, la transferencia de tecnología, y el registro de marcas y patentes, abordando la autoría de creaciones por IA y la necesidad de una regulación equilibrada.

El Gobierno de Nuevo León ha tomado medidas contra dos desarrollos inmobiliarios en Monterrey, la Torre Akira y la Torre Cibeles, por diversas irregularidades. En el caso de la Torre Akira, se detectó contaminación del suelo e incumplimiento de condiciones ambientales, además de la falta de permisos de construcción y venta, a pesar de que la empresa Quantium Desarrollos ha estado vendiendo departamentos. Los clientes afectados, que han entregado anticipos significativos, enfrentan la falta de avance en la construcción (solo existe un hoyo) y están considerando presentar una denuncia por fraude. Esta situación pone de manifiesto la falta de regulación de las preventas en el estado, tema que diputados buscan abordar con una próxima reforma. La Torre Cibeles, por su parte, fue sancionada por no contar con los permisos estatales requeridos.

El texto, que parece ser un artículo de noticias de un medio llamado El Horizonte, aborda los riesgos que enfrentan los compradores al adquirir departamentos en preventa en la zona metropolitana de Monterrey. Señala que estas transacciones a menudo no son contratos de compra-venta, sino "ofertas de compra", dejando a los compradores en una posición vulnerable ya que los desarrolladores pueden anular la venta, incluso después de recibir pagos significativos. Además, el artículo menciona retrasos comunes en las entregas y el incumplimiento de las condiciones acordadas, con casos específicos de desarrollos y desarrolladoras implicadas. Finalmente, abogados consultados califican estos acuerdos como un "hoyo negro legal" y sugieren que, a pesar de los desafíos, existen vías legales para que los afectados busquen reparación, argumentando que estas "ofertas de compra" podrían considerarse promesas de compraventa legalmente vinculantes.

¿Cuál es la relevancia en las ventas para los desarrolladores inmobiliarios al voluntariamente iniciar un procedimiento para la evaluación de la conformidad con una unidad de inspección autorizada por la PROFECO para obtener un dictamen de cumplimiento positivo?

Grupo DAGS y Grupo IDEI podrían enfrentar múltiples sanciones si se confirma el incumplimiento de la normativa vigente. Las sanciones incluyen multas significativas, clausuras temporales, y bonificaciones a los consumidores afectados. La PROFECO está investigando las denuncias y tomará las medidas necesarias para proteger los derechos de los consumidores

Los textos legales y las noticias se centran en la regulación de la compraventa de bienes inmuebles y la protección del consumidor en Nuevo León, México. La Norma Oficial Mexicana NOM-247-SE-2021 establece requisitos para la información comercial, publicidad y contratos de inmuebles de casa habitación, buscando veracidad y transparencia por parte de los proveedores. El Código Civil de Nuevo León define a las personas físicas y morales como sujetos de derecho y aborda temas como la adquisición de bienes y la tutela, mientras que la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) detalla los derechos de los consumidores y las facultades de la PROFECO para aplicar sanciones y mediar en controversias. Las noticias y discusiones en redes sociales ilustran presuntos incumplimientos y fraudes en proyectos inmobiliarios, destacando la importancia de que los proveedores cumplan con los acabados y equipamiento pactados

Varias fuentes discuten un presunto fraude inmobiliario en Torre Novus en Monterrey, donde los compradores alegan incumplimiento por parte del desarrollador Gus Marcos. Este caso resalta la importancia de la protección al consumidor en el sector inmobiliario, particularmente en las preventas de bienes inmuebles. La Norma Oficial Mexicana NOM-247-SE-2021 establece requisitos para la información comercial, publicidad y contratos en la venta de viviendas, exigiendo veracidad en las ofertas y la obligación de registrar contratos ante PROFECO. La legislación de Nuevo León, como el Código Civil, aborda la personalidad jurídica y responsabilidad, mientras que una iniciativa de reforma busca fortalecer la regulación de preventas inmobiliarias para proteger a los consumidores ante prácticas abusivas. En esencia, las fuentes giran en torno a un caso específico de presunto fraude en el desarrollo de un edificio de apartamentos y el marco legal existente y propuesto para la protección de los compradores en transacciones de bienes raíces.