La 28ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de
2023 (COP28), en la que participó la joven bióloga Pilar Martín en
representación de la Federación ecologista, dio comienzo el pasado 30 de
noviembre y se prolongará hasta el día 12 de diciembre en la ciudad de
Dubái (Emiratos Árabes Unidos), una ubicación polémica y duramente
criticada por ser uno de los grandes países productores de petróleo y
gas, en los que se sustenta su economía. Además, la presidencia de la
Cumbre recayó sobre Sultán al Jaber, quien además de ser ministro de
Energía es el consejero delegado de ADNOC (Compañía Nacional de Petróleo
de Abu Dabi), la octava petrolera del mundo.
El abandono de los combustibles fósiles y el uso de energías renovables
es, sin embargo, uno de los principales asuntos que se tratan en la
COP28 con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, causantes del calentamiento global y de las que el carbón,
el petróleo y el gas son los principales responsables. En Canarias, el
80% de la energía que se consume procede de las centrales térmicas
(Anuario Energético de Canarias) y se pretende, además, triplicar esta
cifra. Una realidad y unas pretensiones completamente alejadas de los
objetivos europeos y también de la lucha contra el cambio climático,
frente al que territorios como el canario son especialmente vulnerables.
La vulnerabilidad y la necesidad de adaptación frente a los efectos del
calentamiento global son otros de los grandes temas tratados en Dubái.
En Canarias estamos viviendo un contexto de aumento de olas de calor y
calimas que han evidenciado la falta de adaptación de nuestras
infraestructuras a esta nueva situación, teniendo como ejemplo reciente
la cancelación de la actividad escolar durante un episodio de altas
temperaturas. A finales de siglo, los expertos auguran que el nivel del
mar pueda subir hasta más de 60 cm., por lo que la adaptación del
litoral, infraestructuras marítimas y poblaciones costeras se hace
imprescindible. La sequía y la escasez de agua son otra de las
consecuencias directas del cambio climático con especial incidencia en
las islas, lo que se traduce en la disminución de los episodios de
lluvia, la posible desaparición del mar de nubes y, por tanto, la falta
de agua en los acuíferos. Estos factores, sumados a que en la actualidad
el 42% de las aguas subterráneas de Canarias se encuentra en mal estado
químico, obligan a repensar el uso, derroche y gestión de este recurso
en el ámbito turístico, agrícola o doméstico.
En el archipiélago canario estamos sufriendo tanto en el territorio como
en nuestra vida diaria el resultado del derroche de recursos y la
presión territorial de una industria descontrolada y especulativa como
la turística. Con más de 13 millones de visitantes al año, cifra que va
en aumento, y 1 de cada 3 personas en riesgo de pobreza y/o exclusión
social, se hace indispensable analizar la capacidad de carga de
Canarias, considerando sus excepcionalidades y apostar por una
transición justa y un desarrollo sostenible. Esta transición debe ser
respetuosa tanto con el territorio como con las personas que lo habitan
y la vulnerabilidad y fragilidad de nuestros ecosistemas obligan a
implementar las energías renovables sin atentar en ningún caso contra el
patrimonio natural de las islas y asegurando el acceso igualitario a la
energía. Cabe recordar que la justicia climática no puede existir sin
derechos humanos y sin justicia social, por lo que no podemos mirar
hacia otro lado y hablar únicamente de la reducción de emisiones sin
solidarizarnos con todas las personas que están sufriendo la violación
sistemática de sus derechos en un contexto de crisis climática global y,
además, sometidos a crímenes de guerra como en Palestina.
En la pasada Cumbre del Clima celebrada en la ciudad egipcia de Sharm el
Sheij, se acordó la creación de un apartado novedoso para compensar
económicamente a los países más vulnerables frente al cambio climático:
el fondo de pérdidas y daños.
Este fondo, que tiene el objetivo de pagar los daños y pérdidas
provocados por las tormentas y sequías en los países menos responsables
de esta crisis y con menos capacidad de hacer frente a sus efectos, está
previsto que sea una realidad después de la presente Cumbre. Países como
Estados Unidos proponen una aportación de 17,5 millones de dólares,
mientras que España ha ofrecido un total de 20 millones de euros. Estas
cifras pueden parecer elevadas pero en comparación con proyectos
actuales que se están llevando a cabo en las islas vemos como, por
ejemplo, el Circuito del Motor de Tenerife cuenta con un presupuesto de
50 millones de euros y el coste de las autopistas de nueva construcción
en Canarias, en el último decenio, ha sido de 1200 millones de euros por
kilómetro lineal. Estos datos evidencian que las partidas económicas
destinadas a luchar contra el cambio climático y sus efectos son ínfimas
si se comparan con la financiación de proyectos poco respetuosos con el
medio ambiente y que generan un enorme impacto en nuestros ecosistemas.
