El medio ambiente merece políticas serias basadas en el cálculo, el mantenimiento y la responsabilidad. Lo que recibe, sin embargo, es liturgia: un conjunto de dogmas irrefutables, pecados que purgan terceros, indulgencias para quien las paga y herejes expulsados del debate. El rasgo decisivo de esta fe es su irrefutabilidad. Cuando el «calentamiento global» se transformó en «cambio climático», el credo quedó blindado contra cualquier evidencia: sequía o inundación, frío o calor, vendaval o calma, todo lo confirma. Una hipótesis compatible con cualquier hecho podrá ser muchas cosas, pero no es ciencia. Es fe. Y la fe tiene usos terrenales muy concretos.

El primero es bloquear la discusión. En una política secular, quien discrepa aporta información útil; en una religión, quien discrepa peca. Al pecador no se le responde con argumentos: se le anatemiza como «negacionista». El segundo uso es aún más lucrativo: la exención de responsabilidad. Si el desastre lo causa el clima, ningún gestor es culpable.

Sería un error, no obstante, culpar solo a los políticos. Como toda liturgia, esta responde a una demanda ciudadana. El rito es visible, barato e inmediato; la gestión es invisible, costosa y de rendimiento diferido. Pensar es penoso; creer, confortable. El político sirve encantado esa demanda: prohibir es gratis, pero también es barato no desbrozar los montes, no dragar los cauces y no construir pantanos.

Los datos de los incendios ilustran con crudeza esta lógica. En 2025 ardieron en España más de 393.000 hectáreas, el peor registro desde 1994, con el 90 % concentrado en agosto. En 2026 el país va camino de reincidir: más de 125.000 hectáreas antes de agosto, cuatro veces más que el año anterior, y el peor incendio que recuerda Madrid ha arrasado ya unas 20.000 hectáreas entre la Sierra Oeste y Ávila, con decenas de miles de evacuados. La respuesta oficial —«un gran pacto contra los incendios»— confirma la preferencia por el rito frente a la gestión.

La causa próxima es el calor y el viento. La causa estructural es décadas de incuria. El combustible se fue acumulando en montes que el éxodo rural dejó sin sus antiguos gestores y que la normativa ambiental dejó sin mantenimiento. La ley de residuos de 2022, hija de la economía circular europea, prohibió quemar los restos vegetales. Buena parte de la sierra que ahora arde está protegida como Red Natura 2000, donde desbroces, cortafuegos y quemas prescritas exigen autorización ambiental previa.

Sacralizar el bosque es entregarlo al fuego. Con el agua ocurre exactamente lo mismo. La obra hidráulica, orgullo de varias generaciones de ingenieros, pasó a ser pecado: los cauces se «renaturalizan», eufemismo que significa no tocarlos. La dana de Valencia dejó 229 muertos y una instrucción judicial; dejó también constancia de que el Ministerio había paralizado 228 millones de euros en obras de laminación que habrían amortiguado la riada.

El caso más revelador es el energético, porque ahí la religión fracasa incluso aceptando sus propios fines. Supongamos que el único objetivo válido fuera descarbonizar. Lo racional sería optimizar las renovables corrigiendo su intermitencia: almacenar el sol de mediodía para la noche mediante centrales de bombeo. Sin embargo, España solo dispone de unos 6 gigavatios de capacidad de bombeo, con decenas de proyectos privados atascados en una burocracia donde todos tienen derecho a bloquear y nadie a construir.

Quien sacraliza la naturaleza acaba quemándola; quien convierte el clima en dios acaba usándolo de coartada. El mejor servicio que hoy podríamos prestar al medio ambiente sería secularizarlo: bajarlo del altar al presupuesto, del rito al cálculo y del dogma al mantenimiento. Los bosques no piden fe. Piden desbroce.