La Comisión Buena Voluntad considera que la reforma a la Ley Electoral que impulsan diputados sandinistas en la Asamblea Nacional ofenden la dignidad ciudadana de los nicaragüense.

Los grupos opositores Alianza Ciudadana y Coalición Nacional rechazaron las reformas electorales que impulsan diputados sandinistas por considerarlas «una burla para todos los nicaragüenses».

La bancada sandinista en la Asamblea Nacional introdujo su propia iniciativa de ley de reformas Electorales a la medida y antojo del régimen Ortega-Murillo.

 La Policía cercó el aeropuerto y les retuvo los pasaportes a los opositores Medardo Mairena, George Henríquez, y Luis Fley, cuando se disponían a viajar a Miami para sostener un encuentro con la diáspora nicaragüense.

El régimen cedió a las demandas de la oposición nicaragüense y la comunidad internacional, y convocó a elección de nuevos magistrados electorales y aparentes reformas a la Ley Electoral, de cara a los comicios generales en noviembre.

El dirigente campesino prometió mejores condiciones para los trabajadores y productores, y justicia ante los crímenes a los derechos humanos. En el lanzamiento participaron políticos interesados en tenerlo en su partido.

El parlamentario presentó síntomas desde el 16 de marzo, sin embargo, creyeron que se trataba de una gripe común. Fue cinco días después que acudió a una clínica privada, donde confirmaron el contagio.

Óscar Sobalvarro, vicepresidente del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) rechazó la propuesta de que la Comisión de Buena Voluntad (CBV) sea la mediadora en el encuentro y resaltó que para la dirigencia sería más bien un «obstáculo».

Twitter suspendió las cuentas de fanáticos sandinistas por incumplir las reglas de la red social, norma que se aplica «con el fin de mantener un entorno seguro para los usuarios». Las innumerables cuentas de orteguistas, muchas de ellas falsas, se encontraban en una jornada de «solidaridad» con propagandista del régimen de Daniel Ortega.

 El informe afirma que el corrupto régimen de Daniel Ortega aprobó leyes cada vez más represivas que limitan severamente la capacidad de operación de los grupos políticos de oposición, la sociedad civil y los medios independientes.