La mano opresora del dictador tiene parecido con las leyes inventadas por su homólogo Nicolás Maduro en Venezuela, quien creó una ley para encarcelar a opositores y periodistas que critiquen a su régimen

Opositores  y analistas se burlaron del dictador y lo señalaron de cobarde por mantenerse resguardado en su bunker de El Carmen y no dar un paso sin la decenas de escoltas, paramilitares y carros blindados

Expertos constitucionales y feministas consideran que aplicar cadena perpetua viola compromisos internacionales de derechos humanos y no contribuirá a bajar los femicidios ni la violencia contra mujeres.

Aunque el anuncio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo de reformar las leyes y la Constitución para penalizar con prisión a cadena perpetua surgió tras una violación y femicidio contra dos niñas de una comunidad de Mulukukú, en el Caribe Norte de Nicaragua, este 15 de septiembre, durante el acto oficial por el 199 aniversario de la Independencia de Centroamérica, el tirano destapó su verdadero propósito. 

Ortega usó 38 minutos para despotricar contra la oposición, a quienes acusó de criminales, asesinos, cobardes, vendepatrias y torturadores, y al referirse al caso que ha usado como pretexto para reformar la sanción penal, apenas dijo que «hay que fortalecer el sistema de justicia del país» para castigar «crímenes mayores como estos que se han cometido contra estas niñas allá en el norte de nuestro país», sin siquiera hacer mención del caso en específico. En cambio, durante toda su perorata dejó claro que la verdadera pretensión es usar la nueva ley como una bayoneta contra quienes se le opongan.

La iniciativa del gobierno de turno ha sido rechazada por activistas del movimiento de mujeres del país. La defensora de derechos humanos María Teresa Blandón cree que esta nueva advertencia que será aprobada, porque la dictadura tiene control absoluto del Poder Judicial y del Parlamento, solo responde a una medida hipócrita, pues tilda al mismo régimen de ser el perpetrador de la violencia en la nación. Blandón sostiene que la figura de la cadena perpetua ha enfrentado a la oposición mundial de organismos defensores de derechos humanos «porque es violatoria de la dignidad humana» y por tanto, la decisión la catalogan como improvisada, arbitraria y sumamente absurda para poder evadir la ola de denuncias que las feministas vienen señalando desde hace 13 años.

El Tribunal de Conciencia instalado por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano concluyó que el régimen de Daniel Ortega incurrió en un crimen de tortura a través del abuso y violación sexual contra manifestantes opositores detenidos a partir de abril de 2018 en el contexto de la crisis sociopolítica de Nicaragua. El jurado internacional se basó en los testimonios de 18 víctimas determinando que fue un actuar sistemático por agentes del Estado y que en esos actos además de participar oficiales de origen nacional también habían otros extranjeros, entre ellos, cubanos.

La Alianza Cívica está en el proceso de conformación de la Coalición Nacional y se supone que ahí tendrán que presentar un plan de nación consensuado. La organización promete en su agenda, desde cerrar definitivamente las cárceles de El Chipote y erradicar la tortura, hasta la creación de una comisión de la verdad y la derogación de la Ley de Amnistía que decretó el régimen de Daniel Ortega para sortear acusaciones por los crímenes cometidos a partir de abril de 2018, pasando por la salud gratuita, despolitización de la educación y reformas profundas en las instituciones del Estado.

Al menos cuatro ciudadanos nicaragüenses fueron sacados de sus casas por la fuerza y sin ninguna orden judicial por parte de efectivos de la Policía del régimen de Daniel Ortega, como respuesta a la acción de protesta de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) que denominó «Operación Preso 198» en la que pegaron papeletas advirtiendo a Ortega que se va del poder.

La Policía allanó y capturó sin dar explicación, primero a Juana Castellanos, habitante de Ocotal y directiva departamental en Nueva Segovia de la opositora Alianza Cívica. A la activista se la llevaron hacia la estación policial de Ocotal. Casi al mismo tiempo, pero en Juigalpa, Chontales, los uniformados ejecutaron un operativo de allanamiento y secuestro contra la casa de Alcides Díaz Castilla a quien también trasladaron a la delegación donde continúa detenido arbitrariamente.

La misma suerte corrió la doctora, activista y colaboradora de la Alianza Julia González, en el barrio Pedro Joaquín Chamorro, de Juigalpa. Los antimotines además secuestraron al esposo de González, el también doctor, especialista en patología Erick Rafael Barberena Zelaya, de 61 años y jubilado y al hijo de la pareja de médicos.

Michael Healy se convirtió en el nuevo presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), después de obtener 14 votos a favor de las 22 cámaras empresariales. Su contrincante Mario Hanon logró en la contienda los ocho votos restantes. Con Healey a la cabeza, se pone fin a los 13 años que estuvo al frente del sector privado José Adán Aguerri, quien respaldó a Healy con su voto, el cual, según los estatutos, se cuenta como doble.

Soplan aires divisionistas dentro de la bancada de diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Al menos ocho parlamentarios de los 14 que integran ese grupo, estarían preparando su salida para hacer su propia bancadita lo que dejaría al PLC con solo seis legisladores al menos que decidan aplicarles la Ley del transfuguismo político para despojarlos de sus escaños.