Víctimas de desnacionalización, confiscaciones, encarcelamientos arbitrarios, persecución, hostigamiento, torturas y deportaciones pueden denunciar a los funcionarios de Nicaragua como responsables de crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional sería la encarga de juzgar a esos operadores y ofrecer a largo plazo justicia, reparación y verdad.