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Al partido político de Daniel Ortega solo lo sigue un 12% de los nicaragüenses.La represión continuada, la persecución hasta a la militancia sandinista y la vigilancia a los trabajadores del Estado hunden al FSLN y de paso al dictador sandinista.
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Ortega usó a la Corte Suprema de Justicia para quitarles su derecho de ser nicaragüenses al grupo de 135 exprisioneros políticos que expulsó del país el cinco de septiembre. Además, ordenó robarles todos sus bienes.
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La propuesta de reforma al Código Procesal Penal facultará a la Policía a intervenir propiedades y llevarse detenidos a ciudadanos sin necesidad de una orden judicial, acción que venía practicando, pero que la legalizarán. Las compañías estarán obligadas hasta a dar el registro de las páginas web que los acusados visitaban.
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Daniel Ortega insiste en que no olvida las protestas de 2018 y en cada aparición saca a flote el tormento que carga por unas manifestaciones que evidenciaron el rechazo hacia él y su proyecto político dictatorial.
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Washington informó que medió para garantizar la liberación de estos ciudadanos presos e instó a la dictadura de Ortega y Murillo a poner fin a las detenciones y encarcelamientos arbitrarios.
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Las entidades bancarias deberán brindar los datos personales de los emisores y receptores de remesas. Opositores advierten que la reforma a la Ley Contra el Lavado de Activos pretende controlar y perseguir a familiares de críticos a Ortega.
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Ortega fortalece el Departamento de Inteligencia de la institución castrense. Además, favoreció a la hermana de su jefe del Ejército, Alma Celeste Avilés, a la que promovió de teniente coronel a coronel.
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A un mes del anuncio de reestructuración al menos unos dos mil empleados públicos han quedado en el desempleo. Los despachan obligándolos a firmar su renuncia y desconocen si les pagarán liquidación.
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Una nueva reforma al CódigoPenal de Nicaragua hará que el brazo largo de Daniel Ortega y Rosario Murillo alcance con su represión a nacionales que están fuera del territorio nacional. Montaje de juicios en su ausencia, confiscaciones y hasta cadena perpetua para todo el que se oponga al régimen y su autoritarismo.
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Solo Honduras respaldó la propuesta de Valdrack Jaentschke para ser el más alto funcionario administrativo del organismo regional. El régimen de Nicaragua, enfurecido, amenaza con irse del SICA.
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