Atando cabos

Cuando Óscar Puente compareció para dar las primeras explicaciones de la tragedia, dijo que le habían informado del accidente minutos antes de las 9 de la mañana. En su cuenta de X, a las 9:08, escribía: "La superioridad moral de la izquierda", a cuenta de los resultados electorales en Brasil y la huida de Bolsonaro.

De Julio Anguita al pacto con Podemos, pasando por le pacto de los botellines y ahora las listas compartidas con el PSOE: la contradicción de una fuerza política con historia, militancia y estructura territorial que acepta diluir su identidad mientras otros proyectos políticos ocupan el espacio central de la izquierda. Hay una paradoja difícil de ignorar en la historia reciente de Izquierda Unida. Una organización con décadas de trayectoria, con el PCE como principal fuerza histórica, con militancia, cuadros, presencia municipal y una estructura territorial construida durante años, ha terminado aceptando que su futuro dependa de alianzas con formaciones mucho más jóvenes, con mayor proyección mediática en determinados momentos, pero sin la misma tradición organizativa y escasa o nula presencia instituconal.Primero fue Podemos. Después, Unidas Podemos. Más tarde, Sumar. Y ahora, el Frente Amplio y un acuerdo con el PSOE para concurrir conjuntamente al Senado en 43 provincias. Cambian los nombres, cambian los dirigentes y cambian las fórmulas electorales, pero la pregunta permanece: ¿qué lugar ocupa IU en todas estas operaciones? ¿Es una fuerza que aporta su capital político para construir una alternativa o una organización que va cediendo espacio hasta convertirse en una pieza secundaria de proyectos ajenos?El problema no es que IU pacte. Ningún partido puede convertir la autonomía en una excusa para renunciar a la representación institucional. El problema es que, después de cada acuerdo, la organización parece obligada a justificar nuevas concesiones en nombre de una unidad que nunca termina de consolidar su propia posición. Y es IU la que termina siendo engañada y diluida

Desmontando una confusa realidad. La de que lo hijos y nietos de exiliados no podrán votar en las lecciones. La de que el Tribunal Supremo ha restringido un derecho como el del sufragio activo. O la de que los residentes ausentes nacionalizados españoles no podrá votar. Falso. Los hijos y nietos de españoles que salieron de España por motivos políticos consecuencia del exilio, y que así lo acrediten, podrán votar. El Tribunal Supremo ha decretado una medida cautelar para el cumplimiento de esos requisitos y el cumplimiento de la Ley. Y muchos, cientos de miles de españoles ausentes podrán votar, como así lo han venido haciendo a lo largo de los años anteriores. Exigir la acreditación de una condición legal no equivale a negar el derecho a quienes la reúnen. Y una resolución judicial que reclama pruebas suficientes para reconocer una determinada situación jurídica no debe presentarse como una prohibición general del voto de los descendientes del exilio.

La pregunta del millón continuaba después de la decisión de Sánchez de adelantar las elecciones. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué ahora? Porque después de decir y repetir que agotaría la legislatura, que las elecciones serían sí o sí en 2027, después de decir que presentaría sí o sí, esta vez sí, los Presupuestos, adelantaba todo. Cierto es que lo menos sorprendente es el cambio e criterio, o el cambio de opinión de Pedro Sánchez. Decir una cosa y su contraria. Decir una cosa y hacer otra, ha sido tónica general durante la legislatura. Era algo descartado. Cierto es también lo de manoseada frase "ventana de oportunidad" que no paraban de repetir desde Moncloa y el PSOE durante el fin de semana de la segunda reflexión sanchista. La ventana para cabalgar a lomos de la tragedia de la vivienda en España. Ventana de oportunidad que se ha ido desinflando después de comprobar que las reivindicaciones también eran contra el Gobierno y después de comprobar que un Gobierno en cuatro días no podía sacar pecho de lo que no ha hecho y ha fracasado durante 8 años. Cuando llegó Sánchez a Moncloa, la vivienda era el problema numero 16 de los españoles, ahora es el principal problema.

Sobre la Ley de nietos y el derecho a voto. Y para que quede claro. Para evitar desinformación, bulos intencionados de aquellos que no conocen o no se han leído la decisión de la Sala III del Tribunal Supremo: el Tribunal Supremo NO ha privado del derecho al voto a los descendientes de españoles exiliados en el extranjero. Precisamente lo que ha hace el Tribunal Supremo es garantizar que esos exiliados, acreditados, que han demostrado ser exiliados, tengan la nacionalidad y por lo tanto el derecho al voto. La cautelar sólo afecta a aquellos que hayan obtenido la nacionalidad sin acreditar que descienden de exiliados, sin acreditar nada. Es decir aquellos que la hayan obtenido en aplicación de una instrucción ( la que hizo la hermana del ministro del Puente cuando trabajaba en el ministerio de Justicia) pero que se aparta de la Ley, se aparta de la Ley, que expresamente decía que la condición de exilio era necesario acreditarla.

Desde hace diez meses aproximadamente, un despacho del juzgado número 2 de la Audiencia Nacional custodia bajo secreto de sumario una de las causas más sensibles para el Gobierno de Pedro Sánchez y que más temen en Moncloa y en Ferraz: la investigación sobre las cuentas y los pagos en metálico realizados por el PSOE entre 2017 y 2024. El caso recayó en manos del juez Ismael Moreno el pasado octubre, cuando recibió la información relativa a esos pagos y financiación procedente del Tribunal Supremo, y desde entonces permanece bajo secreto. El origen de todo, según las mismas fuentes, hay que buscarlo en un posible descuadre entre las cantidades que el partido habría entregado al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, y los gastos que ambos justificaron.

En cualquier país democrático de nuestro entorno. En cualquier país occidental. Si hay algo que jamás, jamás debería hacer un Gobierno es dejar a los pies de los caballos, poner en jaque, a tus propios servicios de Inteligencia. Inlcuso aunque se equivoquen, que además no es el caso. Pero lo servicios de información, los servicios de inteligencia no sólo forman parte esencial en la estructura de un Estado, o sólo forma parte fundamental del propio Gobierno, incluido en el ministerio de Defensa, sino que es un espejo de cara al exterior del funcionamiento y la coordinación de nuestra seguridad nacional.

El 30 de julio de 2026, en un solo día, casi 80.000 personas, según fuentes oficiales del CNI, se lanzaron al mar y cruzaron a pie la frontera para entrar en la ciudad española de Ceuta, que tiene 80.000 habitantes. Es decir, casi el equivalente a toda la población de Ceuta entró en la ciudad.

Durante meses, José Luis Rodríguez Zapatero sostuvo una estrategia de mínimos que sorprendentemente sigue sosteniendo: presunción de inocencia, y negación de todo. No, nunca, jamás. Negación genérica y confianza en que el ruido se disolvería antes de llegar a los hechos concretos. Esa actitud —distante, casi displicente, de quien parece situarse por encima del procedimiento judicial que le afecta— ha podido funcionado mientras el caso Plus Ultra permaneció en el terreno de la sospecha política o la imputación . Pero una vez se produjo la imputación, los registros, la aparición de las joyas, el auto del juez, los escritos de la fiscalía, y el silencio solo roto esta semana en TVE. Una vez el considerado su testaferro y amigo, Julio Martínez, todo comenzaba a derrumbarse.

Más allá del fallo concreto, lo más reseñable de la sentencia 152/2026, la ya conocida como la sentencia del hermanísimo es, quizá, un párrafo que no forma parte del relato de hechos ni de la parte dispositiva, sino de los fundamentos jurídicos con los que el tribunal explica su razonamiento. Antes de entrar a calificar penalmente los hechos, la Audiencia dedica varias líneas a describir qué es el nepotismo y por qué debe preocupar como fenómeno social, al margen de si es o no delito: lo define como el "trato de favor o 'enchufismo' hacia familiares o amigos" en el acceso a puestos, ascensos o ventajas públicas, al margen de los principios de igualdad, mérito y capacidad que la Constitución exige en el acceso a la función pública.