El secretario de Justicia de Puerto Rico informó esta semana que designó un fiscal especial para apoyar la investigación de la contralora acerca del controversial puente atirantado de Naranjito. Inaugurado en 2008, ya se habían descubierto vicios de construcción y fallas estructurales graves en ese proyecto desde el 2009. A pesar de las denuncias, la Autoridad de Carreteras y Transportación no presentó reclamos y continuó pagando a la compañía constructora hasta el total de 31 millones. El puente será cerrado y arreglarlo costará 25 millones adicionales. Mientras tanto, en el área oeste del país, siguen las manifestaciones por construcciones ilegales en reservas naturales protegidas por leyes ambientales. La situación en Las Mareas, en la Cueva del Indio, la construcción sobre las Cuevas de la Golondrina y la agresión a manifestantes en el Muelle del Azúcar, son algunas de las violaciones a las leyes de Puerto Rico. Pero, ante esto, ¿Cuál es la respuesta del gobierno?¿El problema de violación de los intereses del país se debe a la falta de leyes o de ejecución?¿Qué ha pasado con la administración y fiscalización del fondo de inversiones de Puerto Rico?¿Dónde quedan las acciones para lograr mayor transparencia? ¿Cómo fortalecer los procesos de buena gobernanza para evitar la impunidad?