El Tribunal de Primera Instancia de San Juan paralizó esta semana los procedimientos de la demanda del gobierno de Puerto Rico para anular finalmente el contrato con Luma Energy. Esta decisión la tomó ante la moción sometida por el consorcio para trasladar el caso al tribunal federal. Luma recurrió al tribunal federal para que asumiera jurisdicción, argumentando que el contrato de administración del sistema eléctrico se enmarca en los procesos de reorganización financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica, ante la consideración de la Jueza Laura Taylor Swain, bajo la ley PROMESA. Hasta tanto no se atienda este asunto, el Tribunal local no puede continuar con la demanda, según el juez Arnaldo Castro Callejo. Ahora quedará en manos de la jueza federal Swain determinar si asumirá jurisdicción. ¿Qué efectos podría tener esta paralización? Hoy llega a los estudios de Actualidad Pública la catedrática de la Escuela de Derecho de la PUCPR, la Lcda. María Teresa Alicea Pierantoni. La letrada formó parte del equipo que rindió el informe de una Comisión especial del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico sobre los contratos de LUMA Energy y Genera PR, utilizado por el gobierno en la demanda contra LUMA.