Hacienda reclama a Diego Sánchez Rull, Isabel Beneroso, Enrique Cervantes, Julio Martínez Fírvida y Juana Cid, más de 1,2 millones de euros en concepto de IVA, por la deuda contraída en su día por la empresa Municipal de Vivienda, Emuviasa, de las que éstos, eran consejeros delegados.