En nuestra vida cotidiana los ciudadanos y ciudadanas nos enfrentamos a situaciones en las que debemos decidir si actuar con integridad o acorde a nuestros intereses. A menudo pedimos favores, tomamos atajos y nos pasamos por alto la ley. Es así como la corrupción aparece en los círculos más privados de la vida de las personas, pues los actos corruptos no se atañen solo a ciertos políticos y gobernantes, sino que también hacen parte del discernimiento ético de los colombianos.
Según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, por ejemplo, a la fecha se registran infractores de normas de tránsito que acumulan hasta 237 comparendos cuyas deudas llegan a sumar hasta más de 50.000 millones de pesos. A marzo de este año 1'170.688 habitantes de la capital del país le debían a la ciudad más de 330.000 millones de pesos en sanciones de tránsito.
Al mismo tiempo, el Índice de Percepción de Corrupción realizado por Transparencia Internacional en el 2014, el cual se enfoca en el sector público, revela que Colombia obtuvo “un puntaje de 37 sobre 100 (siendo 0 mayor percepción de corrupción y 100 menor percepción), que nos mantiene en el puesto 94 entre los 175 países evaluados”.
Según Antanas Mockus, “Gente que toma atajos siempre ha habido y probablemente siempre habrá alguien que se salta la fila. Lo grave es cuando saltarse la fila es el modus operandi, lo legítimo, lo aceptado. Cuando no hay ningún repudio social a quien se salta la fila, ahí estamos ante lo que llamamos atajismo”.
Es por esto que en Rompecabezas nos preguntamos por qué en Colombia parece existir una cultura de corrupción legitimada, de qué manera el contexto sociopolítico del país incide en esta conducta y qué tipo de acciones podemos emprender desde la cotidianidad para alcanzar una cultura de la integridad.