En España, la progresividad y experiencia adquirida en la aplicación del compliance en el sector público ha sido gra- dual; comenzó en 1995, en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

La adopción de técnicas de cumplimiento normativo en el sector público parecía cada vez más lejana, sin embargo, con el paso de los años, la sociedad registró como ejemplo su implementación en el sector privado y exigió mecanis- mos cada vez más rigurosos de control para las instituciones.

El compliance se convirtió en una tendencia que abrió paso a la exigencia de estrategias contundentes para regir, optimizar y hacer más eficiente el actuar de las organizaciones.

Hoy en día, las políticas de integridad institucional son una petición de la ciudadanía ante la crisis de legitimidad que experimentan algunas instituciones públicas, sobre todo en aquellas donde se han suscitado problemas de corrup- ción derivados de las problemáticas económicas que enfrentan algunos países.

Los incentivos de mercado que impulsan al sector privado a adoptar un sistema de cumplimiento normativo, pueden encontrar un homólogo en el sector público con buenos resultados, por ejemplo, la credibilidad en las instituciones públicas, el costo reputacional que impacta directamente en la economía y en la administración pública, así como empatía política. De esa manera, la implementación del compliance gubernamental fue tomando forma en el país ibérico.