Conversación con el Presidente Municipal de San Nicolás de los Garza, Daniel Carrillo Martínez, sobre las políticas públicas que encabeza en esta localidad de Nuevo León, principalmente enfocadas al desarrollo social y económico de las familias del municipio.

A través de herramientas basadas en el uso de Inteligencia Artificial y chatbots, se busca impulsar y mejorar la interacción entre ciudadanos y las instituciones públicas, creando canales de comunicación directa y estrategias de participación ciudadana en cuatro dimensiones: participación en la información; participación en la consulta, participación en la decisión y participación en el control de la gestión, señaló Marcelo Pérez Sanders, CEO de Numeral 8.

En el Seminario Inteligencia Artificial para Gobiernos 24/7, organizado en alianza con Alcaldes de México y la empresa de servicio de comunicación directa para gobiernos Numeral8, Pérez Sanders aseguró que: “la revolución del internet, la aparición de las redes sociales y la masificación de los teléfonos inteligentes, produjo que hoy todos seamos capaces de hablar con todo el mundo. Esto genera un cambio radical en las sociedades y en la comunicación política, sobre todo en la comunicación de los gobiernos”.

El experto en comunicación política, Pérez Sanders, explicó sobre la cuarta revolución que es la explosión de los datos, “nunca hubo tantos datos en la historia de la humanidad como los tenemos ahora, y la capacidad que tenemos de comprenderlos, adaptarlos, agruparlos y segmentar a nuestros públicos”.

Habló también sobre tres características del vecino votante actual (ciudadano): el curioso, el exigente y el impaciente. Sobre el primero dijo: “ante cualquier cosa lo busca todo en internet y entonces esto hace que los medios hayan perdido los dos monopolios que tenían, que era el de la información y la de la atención. Hoy luchamos por la atención de nuestros vecinos para poder entregarle la información. Creen mucho más en lo que dice Google, un amigo, que lo que nosotros podemos publicar en nuestros espacios”.

Otro tema que abordó fueron los canales conversacionales Chat-Bot, como Telegram, WhatsApp, FB, IG o Messenger; cuya función es brindar mejores servicios a los ciudadanos y mejorar la consideración estos hacia los organismos de gobierno. “Los contenidos de un canal de Chat-bot generan desde las distintas áreas de gobierno y luego se tratan por nuestros equipos para generar en todos los casos la cura del contenido, flujo conversacional y la experiencia de usuario”, pormenorizó.

En el mismo tenor, explicó la nueva era de los Chat-bots asistidos por voz, que están revolucionando la atención del usuario al ofrecer interacciones más naturales y humanas. Con la capacidad de entender y procesar el lenguaje natural, estos bots brindan respuestas rápidas y precisas, mejorando significativamente la experiencia del cliente; entre otras particularidades.

CORTE INFORMATIVO ALCALDES DE MÉXICO con la información actual sobre el covid19.

China registró el lunes sus primeras muertes desde la flexibilización de las estrictas medidas de su política de "cero covid".

CORTE INFORMATIVO ALCALDES DE MÉXICO con la información actual sobre el covid19.

En las últimas dos semanas, se registró un aumento del 30% en hospitalizaciones por covid-19 a lo largo de Estados Unidos. Los pacientes, en su mayoría, eran adultos mayores.

Para las empresas en México, el compliance ha sido cuestionado continuamente. Tras la reforma del Código Penal, en 2016, su implementación es mayor en las empresas, lo cual debería extenderse a los entes gubernamentales, teniendo en cuenta que son una organización.

El compliance, cuyo origen se da en el mundo empresarial anglosajón, se ha implementado en todos los sectores de nuestro país, aunque lentamente, con una finalidad competitiva, organizacional y de una nueva generación de una cultura empresarial sólida. La concepción del compliance ha cambiado y hoy, no nos limitamos al cumplimiento del Código Penal o de la normativa aplicable en cada organización, sino que concentramos nuestros esfuerzos en cumplir los compromisos adquiridos de forma voluntaria y en preservar la reputación a través de la prevención, la gobernanza y el fomento de comportamientos éticos que van más allá del simple cumplimiento de las legislaciones.

La crisis sanitaria por COVID-19 será la piedra angular y demostrará que el compliance tiene gran utilidad y por ende, su viabilidad en el sector gubernamental puede llevar a ciertos servidores públicos a cuestionar la utilidad del compliance y su viabilidad en nuestro engranaje gubernamental.

Aseguro firmemente que el compliance será en el futuro un elemento clave para el éxito de los negocios en México, independientemente de su naturaleza y tamaño, que va desde la empresa transnacional hasta un cibercafé. Nos enfrentamos a una nueva forma de hacer negocios en la que primará la transparencia, la ética y el cumplimiento, que irán más allá de la ley y los valores que han aflorado en la sociedad.

La importancia de los modelos de prevención en materia gubernamental y su implementación de sistemas de gestión permiten el control sobre los riesgos y la mejora continua, fomentando el comportamiento ético y el cumplimiento de la ley.

Los municipios deben, sin duda, realizar un exhaustivo análisis del contexto que les rodea y actuar en consecuencia. Al día de hoy, ya podemos afirmar que los requisitos para contratar, tanto en el ámbito privado como en el público, se han endurecido en torno a la lucha contra la corrupción y sobre todo, la comisión de delitos, la responsabilidad social gubernamental y la cultura de cumplimiento; los gobiernos se ven cada día más obligados a evidenciar sus buenas prácticas en el desarrollo del servicio público.

Por la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, será difícil para cualquier gobierno en el futuro afrontar los daños reputacionales que puedan generarse, por ejemplo, a través de actos de corrupción, delitos fiscales o lavado de dinero, que son los delitos por los que son imputados los servidores públicos.

El compliance pasará a ser un instrumento de carácter estratégico para la planificación y desarrollo de la actividad de los gobiernos y empresas, y tendrá cada vez mayor importancia en la toma de decisiones de los servidores públicos líderes, que se apoyarán en los informes y recomendaciones emitidas por estos, con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad gubernamental y política y así preservar su reputación.

CORTE INFORMATIVO ALCALDES DE MÉXICO con la información actual sobre el covid19.

La Secretaría de Salud informó que el pasado viernes arribó el primer embarque de la vacuna Abdala, desarrollada en Cuba contra covid-19, con cuatro millones 92 mil 500 dosis envasadas que se aplicarán a personas adultas.

Para combatir la corrupción se puede incentivar el interés de los Órganos Internos de Control. Para ello, estar a la vanguardia en la materia y la transparencia son factores clave, por lo que se debe lograr que los órganos de control sean parte del proceso e involucrarlos desde el inicio para hacerles saber que son corresponsables en sus municipios.

Fomentar la participación ciudadana como una herramienta para combatir la corrupción es, sin duda, otro factor clave en la materia. La ciudadanía es el ente más importante, no se puede imaginar una administración pública y municipal donde no se tome en cuenta a los ciudadanos, sencillamente porque no se puede pensar en un Reglamento de Participación Ciudadana donde los ciudadanos no tengan una figura trascendental o protagónica para poder velar que el trabajo se lleve a cabo y de la mejor manera.

Lo vanguardista de este reglamento de participación ciudadana es que tiene un consejo de participación ciudadana, integrado por ciudadanos participativos del municipio con voz y voto; este órgano de control interno puede, incluso, tener inferencia de una manera vinculante con el gobierno municipal. Las decisiones que tome el Consejo Municipal de Participación Ciudadana las debe acatar el gobierno sí o sí, no es un asunto de voluntad política, sino un asunto de voluntad jurídica.

El programa de cumplimiento o compliance parte de la participación del pueblo, por ello, para tener un buen gobierno, debe haber comunicación con los ciudadanos y trabajar con ellos como un asunto de corresponsabilidad.

Las autoridades municipales deben fomentar la participación de la sociedad como observadores anticorrupción. En la toma de decisiones se invita a la ciudadanía y también a expertos independientes en cada materia para ayudar en la mejor toma de decisiones, con ello se puede direccionar el uso de los recursos públicos y los programas gubernamentales de una manera eficaz, transparente y sobre todo que esté bien pensada.

Lo que se busca con el compliance no es el formato, no es la metodología, es el resultado que vas a presentar. La diferencia está en que, cuando das un resultado, se traduce en confianza y recursos ciudadanos, porque la intención del ciudadano es continuar apoyando la gestión gubernamental.

El combate a la corrupción requiere de la voluntad política, pero ésta no es condición suficiente si lo que se busca es lograr resultados reales y duraderos. Si el objetivo es disminuir y hasta erradicar por completo los niveles de corrupción en México y en cualquier parte del mundo, es indispensable hacer cambios, pero estos no deben depender de una persona o grupo de funcionarios públicos, la idea es que deba trascender sin importar quién esté al frente del gobierno.

La ruta que se propone para comenzar el combate a la corrupción se articula en el modelo de compliance, que se caracteriza por ser un sistema de integridad pública para que una entidad cumpla con su función de forma transparente y eficaz en la rendición de cuentas, y en la que pueden participar el gobierno, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto, por lo que es de vital importancia la participación ciudadana para combatir la corrupción, ya que el ente gubernamental no puede solo.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas publicada en 2016 y vigente a partir de 2017, regula, como su nombre lo dice, las responsabilidades tanto de servidores públicos como de particulares.

El término particulares abarca a las personas físicas y morales involucradas con faltas administrativas graves. Entre los actos de particulares sujetos a sanción están: soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias para inducir a la autoridad, uso de información falsa, obstrucción de facultades de investigación, colusión, uso indebido de recursos públicos y la contratación indebida de exservidoras o servidores públicos.

El artículo 71 de esta ley establece que será responsable por el uso indebido de recursos públicos el particular que realice actos mediante los cuales se apropie, haga uso indebido o desvíe del objeto para el que estén previstos los recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, cuando por cualquier circunstancia maneje, reciba, administre o tenga acceso a estos recursos.

También se considera uso indebido de recursos públicos la omisión de rendir cuentas que comprueben el destino que se otorgó a dichos recursos.

El criterio de oportunidad hoy es una herramienta y figura jurídica recogida en el numeral 21 de nuestra Ley Fundamental,

misma que establece la posibilidad de que el Ministerio Público no ejerza acción penal en contra del probable

responsable, sin embargo, es primordial que los daños causados a la víctima u ofendido estén reparados o garantizados.

La reforma a la Ley Suprema ha dejado mucho qué desear, según se ha establecido por los operadores en la materia,

pues se considera que sigue existiendo una deficiente capacitación de los operadores jurídicos del sistema: las policías

de investigación, los peritos, los agentes del Ministerio Público, los jueces, los magistrados, e incluso, los propios abogados

postulantes. También se ha comprobado que siguen vivos algunos vicios o malas prácticas del sistema anterior:

la corrupción, la impunidad y la falta de confianza de la población hacia las instituciones de seguridad pública y de

procuración e impartición de justicia.

La corrupción en México y la erradicación de la misma son temas complejos que dañan el desarrollo local. Esta problemática crece como parte de una cultura mal aprendida para encontrar una salida fácil en beneficio personal y por supuesto, ajena a los resultados positivos que debe perseguir una administración.

La remuneración por la gestión rápida de un trámite, un incentivo para obtener una licitación y/o el ofrecimiento de beneficios para conseguir un puesto de trabajo deseado son acciones graves, resultado del uso abusivo de funciones.

Vigilar las responsabilidades de los servidores públicos es parte de las medidas de transparencia y prevención que deben tomarse al interior de una administración pública.

Los funcionarios públicos no deben olvidar que los actos de corrupción trascienden a delitos de carácter público, tipificados en el Código Penal Federal y perseguidos de manera oficiosa.

En el ejercicio de sus funciones, cargo o comisión, los funcionarios públicos pueden incurrir en responsabilidad frente al Estado, la cual se divide en tres tipos: política, administrativa o penal.