Soluciones inteligentes para administraciones

Cada tres años, como ocurrió el pasado 6 de junio, se eligen o reeligen autoridades municipales en México. Al final de cada uno de estos periodos se lleva a cabo una transición, la cual se conoce como cierre de gestión municipal, que es la transferencia de la administración local, entre los representantes que concluyen su mandato y los que entran luego de haber sido electos por la ciudadanía.

¿En qué consiste dicha transición? Se trata de un proceso de carácter principalmente administrativo, en el cual los servidores públicos del municipio que concluyen su periodo, deben presentar informes de toda su gestión al nuevo ayuntamiento. Entre la información a presentar, se encuentran los inventarios de bienes muebles e inmuebles del municipio, el detalle de las cuentas bancarias, los libros de contabilidad y de la plantilla de personal, actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias del ayuntamiento, informes sobre el estado de los expedientes pendientes de resolución, estado de los servicios públicos a cargo del municipio y de los que operan en forma concesionada; también informes sobre obras públicas, entre muchos otros, que dan cuenta de la forma en que fue administrado el municipio durante los tres años transcurridos.

Para garantizar la continuidad de los servicios, los tres órdenes de gobierno han tenido que echar mano de herramientas tecnológicas y de nuevos procesos que les demandan conocimientos más profundos y específicos.

Las regulaciones europeas e iberoamericanas que rigen los sistemas de cumplimiento normativo para el sector

privado se han implementando poco a poco en Latinoamérica, sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes debido a que las organizaciones no recurren a expertos, abogados de profesión, que los orienten en un área tan especializada del derecho.

Países como Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Chile, Brasil, México, Perú y Argentina, en donde se acepta

la responsabilidad penal de las empresas, ofrecen incentivos importantes para que éstas se autorregulen y administren

para evitar la comisión de delitos, mediante programas de cumplimiento o prevención de la criminalidad

empresarial, como una opción para mitigar el riesgo patrimonial, legal y reputacional.

En España, la progresividad y experiencia adquirida en la aplicación del compliance en el sector público ha sido gra- dual; comenzó en 1995, en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

La adopción de técnicas de cumplimiento normativo en el sector público parecía cada vez más lejana, sin embargo, con el paso de los años, la sociedad registró como ejemplo su implementación en el sector privado y exigió mecanis- mos cada vez más rigurosos de control para las instituciones.

El compliance se convirtió en una tendencia que abrió paso a la exigencia de estrategias contundentes para regir, optimizar y hacer más eficiente el actuar de las organizaciones.

Hoy en día, las políticas de integridad institucional son una petición de la ciudadanía ante la crisis de legitimidad que experimentan algunas instituciones públicas, sobre todo en aquellas donde se han suscitado problemas de corrup- ción derivados de las problemáticas económicas que enfrentan algunos países.

Los incentivos de mercado que impulsan al sector privado a adoptar un sistema de cumplimiento normativo, pueden encontrar un homólogo en el sector público con buenos resultados, por ejemplo, la credibilidad en las instituciones públicas, el costo reputacional que impacta directamente en la economía y en la administración pública, así como empatía política. De esa manera, la implementación del compliance gubernamental fue tomando forma en el país ibérico.

La frase atribuida al penalista alemán Franz Von Lizst: “Societas Delinquere Non Potest”, la cual establecía que las sociedades no pueden delinquir, en la actualidad no forma parte del sistema mexicano, debido a que, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, una persona colectiva, persona moral o empresa, ya puede ser penalmente responsable, lo cual, las obliga a implementar sistemas que mitiguen riesgos de incumplimiento normativo.

Hace años, la adopción del compliance como herramienta de cumplimiento en las empresas parecía imposible; con el tiempo y la obligación legal eso cambió. Hoy toca el turno al sector público. Adoptar en forma generalizada el compliance gubernamental es un paso inminente ante el riesgo de responsabilidad penal en que pueden incurrir empresas paraestatales y otras instituciones de orden público.

Como ejemplo está el caso de España, donde las instituciones públicas ya pueden ser penalmente responsables. Igual que en el país Europeo y Estados Unidos, en México ya es necesario adoptar el compliance para el sector público. En aquellas naciones el compliance gubernamental inviste a los funcionarios públicos de integridad, lealtad y legalidad.

La corrupción y soborno están entre los principales fenómenos sociales que se pretende erradicar; sin embargo, en México los gobiernos municipales, estatales y federal no han avanzado en este tema, debido a que no se ha presentado la atención suficiente. Una de las acciones clave que se debe implementar para dar un paso adelante en la lucha contra la corrupción y la ilegalidad es promover los valores del cumplimiento regulatorio.

Los entes públicos deben operar con un conjunto de mecanismos perfectamente diseñados para cumplir en forma precisa con la normatividad vigente y asegurar el comportamiento ético de las instituciones. Es preciso que las instituciones públicas gestionen los riesgos administrativos y penales a los que están expuestas, que fomenten la promoción de la legalidad e integridad y que investiguen exhaustivamente y apliquen sanciones, administrativas o penales, ante todo acto de corrupción o faltas a la conducta.

En México el sector empresarial ha avanzado y lo hace cada vez más en la adopción del compliance, como un instrumento serio que da resultados.

Si está siendo benéfico en el sector privado, lo ideal es que se implemente en el sector público, para que los distintos niveles de gobierno estén dotados de instrumentos que permitan que día a día, la corrupción se vaya erradicando y que la ética sea un valor que haga ver que en verdad todo va a cambiar. Como he indicado en publicaciones previas, hemos llegado a un punto en el que debemos impulsar cambios para que nuestro país se convierta en el que realmente queremos que sea.

El compliance gubernamental hará que los funcionarios públicos sean reflexivos y críticos. Para ello, igual que en las empresas, se deben explotar todas las capacidades de esta herramienta, cuidando que no quede en una implementación parcial que pudiera entenderse como una lamentable simulación. El objetivo es que realmente se ponga en marcha, que no solo parezca que se adoptó.

Los mexicanos hoy queremos que el cambio sea para bien, que el quehacer público sea transparente y que la corrupción sea sólo un antecedente histórico en nuestro país.

El mundo y México están cambiando. La pandemia de Covid-19 abrió nuevos caminos y horizontes; un ejemplo de ello es que, en esta coyuntura, las tecnologías de la información son más usadas que nunca y representan la oportunidad de mantenernos informados acerca de nuestro entorno y, en especial, respecto al conocimiento de nuestros derechos.

Apoyados en un uso correcto de la tecnología, que sume siempre, los ciudadanos hoy podemos estar atentos y vigilar que la ley se aplique y que los recursos públicos se ejerzan en forma transparente, para que así, juntos sociedad y gobiernos, naveguemos en un mismo sentido, como tripulantes de un barco que busca avanzar hacia un horizonte en común.

Hoy, con la intención de contribuir a concretar ese cambio y agradecido con Alcaldes de México por este espacio, inicio una etapa de colaboración que tiene la intención de sumarse a la difusión de buenas prácticas de gobierno. Mi aportación será en temas relacionados con prevención de la corrupción. Mes a mes abordaré los puntos clave que un presidente municipal debe atender para lograr un paso transparente y sin sombras legales por la administración pública. Contribuir a la capacitación de los funcionarios al frente de áreas sensibles, será uno de los objetivos de Enroque Político, de modo que los equipos cuenten con la preparación técnica necesaria para desarrollar su encargo con efectividad y sin improvisación.

En cada entrega hablaremos de compliance, un sistema de cumplimiento normativo, que constituye un tema poco explorado e incluso desconocido por muchos en nuestro país.

En México, el compliance recién comienza a ser tomado en serio; se implementa con más frecuencia en la gestión empresarial, pero si lo aplicamos al sector público, en particular a municipios, se traduce en una vía para construir gobiernos jurídicamente sólidos, apegados y fieles al Derecho.

La corrupción es un fenómeno que ocasiona devastadoras consecuencias para la administración pública, pues socava su credibilidad y obstruye el cumplimiento de los objetivos de sus órganos e instituciones, al tiempo que dificulta el acceso igualitario de las personas a servicios públicos esenciales.

Hablando de la coyuntura de emergencia sanitaria, la implementación de programas de cumplimiento o medidas de compliance en áreas esenciales que están expuestas a posibles prácticas corruptas en la atención de la pandemia, coadyuvará a reducir razonablemente dicho riesgo o, en todo caso, a identificar tales actos para informarlos a la autoridad correspondiente.

El compliance es un instrumento que actúa en los dos planos: preventivo y reactivo; permite a los gobiernos administrar sus riesgos y organizarse para cumplir sus obligaciones legales, así como otras asumidas voluntariamente. Si el sistema de prevención se orienta a mitigar los riesgos legales que se derivan del incumplimiento de la normativa penal, se le denomina criminal compliance; si se enfoca en el sector público, la ética pública o las buenas prácticas gubernamentales, se le llama compliance gubernamental, compliance estatal o compliance oficial; sin embargo, tratándose de entes públicos puede existir una dualidad de modelos de organización y algunos hacen énfasis, incluso, en las personas con responsabilidad pública, también denominadas personas políticamente expuestas.

El compliance gubernamental y el compliance orientado a personas con responsabilidad pública, serán nuestra materia de trabajo en este espacio mensual.

La crisis de salud que enfrenta el mundo por la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 ha tenido graves repercusiones en la economía y junto a la de salud crean la “tormenta perfecta” que deriva en una crisis social, pero también ha hecho evolucionar en tres meses el uso de las tecnologías para no detener las actividades por completo y seguir atendiendo a los ciudadanos de manera eficiente, expusieron Enrique Rivas Cuéllar, presidente municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Manuel Torres, experto de la empresa de telecomunicaciones Avaya

La pandemia por COVID-19 frenó de golpe las actividades

regulares de las personas y está cambiando la operatividad y

procesos de empresas y gobiernos locales.

No será una sorpresa que después de la emergencia, nos

enfrentemos a una realidad distinta, en la que todos los sectores

de la sociedad buscarán tecnologías flexibles que permitan

realizar las actividades con mayor productividad y trabajo a

distancia.

Vivir la cuarentena sin dispositivos o conexión no hubiera sido lo

mismo, la pandemia ha dado una lección sobre el uso de

tecnología, así lo afirma Marco Jiménez, Director General de

Lenovo México en entrevista para Alcaldes de México.