Soluciones inteligentes para administraciones

La pandemia de COVID-19 aceleró la necesidad de conexión a internet para el comercio, el trabajo, la educación, así como para los servicios y programas públicos, al ver la necesidad de digitalizar las actividades cotidianas; ello provocó un aumento de 80% en la digitalización durante la emergencia sanitaria, sin embargo, se requiere desplegar tres veces más infraestructura de la existente para abarcar los hogares que todavía no cuentan con servicios de telecomunicación e internet.

Así lo señaló Claudina García Allende, directora de Legal y Asuntos Públicos de American Tower, en el tercer día de trabajos del Foro Digital Alcaldes de México, en el que también participaron Julio César Chávez Padilla, presidente municipal de Guadalupe, Zacatecas y, como moderador, Sóstenes Díaz González, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Los participantes en el panel “Conectividad para impulsar economías locales”, explicaron los avances que se han logrado para digitalizar diferentes áreas de los gobiernos municipales, así como la coordinación necesaria para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, claves para detonar la economía de estados y municipios.

Claudina García Allende, precisó que las empresas necesitan certeza para desplegar infraestructura porque son proyectos a largo plazo y se necesita certeza jurídica. “No hay una regulación homologada para el despliegue de infraestructura y el tiempo de aprobación a veces es largo y no coincide con los planes de los operadores”.

En ese contexto, la experta de American Tower señaló que es importante trabajar en reglamentos modelo para que los municipios y estados permitan un despliegue mayor y más certero de la infraestructura en telecomunicaciones, con el fin de llevar la digitalización a las comunidades y hogares que aún no lo tienen.

Refirió que un modelo que ha funcionado es el desarrollado en el estado de Hidalgo, cuyo reglamento homologado permitió reducir el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones de un año hasta menos de tres meses, lo que fomentó la inversión.

Una ciudad inteligente sólo puede existir cuando su gobierno replantea la forma en que ofrece servicios aprovechando las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida en su localidad. Sobre este tema hablaron los panelistas en el segundo día de trabajos del Foro Digital Alcaldes de México: hacia la nueva gestión pública.

Entre los principales problemas que enfrentan las ciudades mexicanas está la falta de presupuesto tras los recortes que se han aplicado desde el gobierno federal, eso hace que retos como la incidencia delictiva, construir o mantener la infraestructura urbana y de servicios básicos, así como mejorar la gestión del alumbrado público y el agua, entre otros servicios, sea más complejo.

Sin embargo, existen soluciones inteligentes que pueden convertir a una ciudad con problemas de antaño en una localidad con mejor calidad de vida, de vanguardia y con mayores recursos para invertir en la misma ciudad, señalaron los invitados al panel “Ciudades inteligentes para ofrecer mejores servicios y calidad de vida”, moderado por Odón de Buen, Director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee).

Un gobierno municipal, muchas veces en alianza con la iniciativa privada, puede implementar soluciones que no solamente transformarán a su ciudad en inteligente, sino que podrá generar ahorros que le permitirán invertir en mejores servicios para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Por ejemplo, explicó Willy Fiallo, vicepresidente de Ventas de Ubicquia, uno de los mayores gastos de un municipio es en energía eléctrica, pues el 25% del consumo de energía se va para alumbrado público y consumo el 30% del presupuesto de ayuntamiento.

El combate a la corrupción a través del cumplimiento normativo gubernamental, así como la mejora regulatoria y la transparencia, son elementos vitales que deben caracterizar a las nuevas administraciones públicas en el panel: “Menos trámites, más transparencia” del Foro Digital Alcaldes de México, hacia la nueva gestión pública.

En este panel, compartieron su visión y experiencia la presidenta municipal de Campeche, Biby Rabelo de la Torre y el Director de la firma de abogados Martínez Ocampo y Chávez Vaca, Jorge Martínez Ocampo.

Los panelistas, bajo la moderación de Antonio Ocaranza Fernández, director de OCA Reputación, coincidieron en que los municipios deben seguir trabajando para ser más transparentes y cumplir con los ciudadanos, algo que favorece en el combate a la corrupción.

El director de la firma Martínez Ocampo & Chávez Vaca, aseguró que la corrupción se puede combatir en los gobiernos y debe ser su prioridad, pero es necesario llegar a las causas, identificar los puntos clave y cerrar la llave de forma definitiva, por ello se requiere un programa de cumplimiento normativo gubernamental bien estructurado.

Las nuevas administraciones municipales tienen la oportunidad y el reto de atender las necesidades de transparencia de la manera más eficiente, a través de estrategias bien planificadas y con asesoría profesional.

De esta manera, los gobiernos pueden tender los puentes hacia una administración pública confiable y con apego a la ley.

Los ciudadanos quieren saber qué acciones se van a emprender, los hechos que van a llevarse a cabo ahora, destaca Jorge Luis Martínez Ocampo, socio director del despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca.

Durante su participación en el panel: “Menos trámites, más transparencia”, del Foro Digital Alcaldes de México, hacia la nueva gestión pública, comentó que, por ejemplo, en las pasadas elecciones hubo acusaciones de prácticas de corrupción por parte de los candidatos, las cuales solo quedaron en el debate, y en consecuencia, posteriormente, no se vio reflejado en alguna carpeta de investigación y mucho menos en una sentencia.

El gasto público se compone de recursos materiales y financieros que los gobiernos federal, estatal y municipal emplean para llevar a cabo el cumplimiento de sus funciones. Gran parte de los recursos que componen este concepto son captados mediante el sistema tributario, en el cual, como ciudadanos, contribuimos.

El gasto público se destina a diversas áreas y tareas, como educación, infraestructura, salud, empleos y vivienda, entre otros. Por lo que su manejo debe realizarse de manera cuidadosa, transparente y con apego a derecho.

Las auditorías son las encargadas de vigilar, fiscalizar y controlar el uso de los recursos. Esto se traduce en que las erogaciones que hagan los estados, los municipios o la Federación correspondan con lo que se programó en el presupuesto, y de ser algo extraordinario, se rinda su debida justificación.

Un resultado de la implementación de nuestro actual Sistema Nacional Anticorrupción es que todo municipio tiene la obligación de crear y mantener condiciones adecuadas que permitan su correcto funcionamiento y dentro de esto, la supervisión del actuar de sus servidores públicos es indispensable.

Para asegurar que los servidores públicos se rigen adecuadamente, es que cada municipio debe contar con un código de ética. Este código es un documento cuyo contenido debe abarcar puntos fundamentales, entre ellos, valores y principios de la institución, tales como legalidad, honestidad, honradez, justicia, lealtad, equidad, respeto, eficacia, transparencia y responsabilidad ambiental, entre otros. También, deberán estar presentes las normas de actuar y comportamiento, en las que hallaremos cómo es que deben conducirse los servidores públicos; de la mano con estas normas, el código contendrá una lista de las conductas que representen una prohibición o una falta, asó como las sanciones correspondientes.

Estos códigos tienen la característica de que deben ser de observancia general para los funcionarios, sin importar el puesto de que desempeñen dentro del municipio. Los servidores deberán conocer a detalle dicho código y adquirir el compromiso que implica, una forma idónea de hacerlo y asegurarlo es mediante la firma de una carta compromiso por cada uno de los servidores públicos.

Cada cierto tiempo, estos códigos de ética deberán ser revisados, mejorados y, en su caso, actualizados para que su eficacia siga siendo la adecuada, cada vez que esto suceda, los servidores públicos deberán ponerse al día y, si es necesario, renovar la carta compromiso.

Pero, ¿por qué es importante que los municipios cuenten con estos códigos? Porque en primer lugar, son parte fundamental de la estrategia del combate a la corrupción y porque al contar con ellos formamos servidores públicos de excelencia. No debemos olvidar que los servidores públicos son la cara y la representación de nuestra administración o gestión, por lo que es indispensable mantener su buen nivel, el cual, a su vez, mantendrá el nuestro, logrando con esto brindar un mejor servicio y reforzar los lazos con los habitantes, de este modo, podremos presentar una gestión municipal más sólida y confiable, digna de una reelección.

La participación ciudadana en forma permanente en el actual gubernamental tiende a ser una de las herramientas más importantes para que, en forma gradual, pueda erradicarse la corrupción.

La democracia verdadera es algo más que ejercer el voto, ya que los procesos de participación no garantizan la democracia, tal y como lo ha establecido la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, a través de su Comisión de Derechos Humanos, y publicado en su lista de derechos democráticos, en la que se establece con mayor importancia y relevancia que el ciudadano tiene derecho a recibir y difundir información, el derecho a la participación y el derecho a tener un gobierno transparente, y como lo he indicado, es importante para una verdadera democracia ciudadana y no solo una democracia electoral.

Joseph Stiglitz afirma que: “Los procesos de participación deben de comprender también el diálogo abierto y el amplio compromiso activo y ello requiere que los individuos tengan voz en las decisiones que les afectan”.

Hablando de progresividad de derechos humanos, hemos visto con el paso del tiempo que, en nuestro país, en temas electorales y de participación ciudadana, sobre todo, aunque en forma lenta, hay avances. Esto data de 1824, con la incorporación de Chiapas a la Federación; en 1867, cuando el Presidente Juárez propuso que el Poder Legislativo se depositara en dos cámaras y que el Ejecutivo contara con la facultad de veto suspensivo a las resoluciones del Legislativo.

Los antecedentes para lograr una participación ciudadana han sido en forma progresiva en los últimos años, hemos visto cambios en materia de transparencia y acceso a la información pública, como el impulsado cuando México firmó, en 1982, la Declaración de Principios sobre el Derecho a la Información, en Guayana. Y en forma concreta en México, el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.

Aun con una deuda heredada de 890 millones de pesos, el gobierno municipal de Guadalupe, Zacatecas, implementó proyectos para satisfacer la demanda de servicios públicos en todas las comunidades, sin descuidar el desarrollo económico

Si bien la pandemia por Covid-19 trajo retos importantes para los municipios del país, también dio oportunidad de forjar resiliencia, una vez que se integran a todos los sectores sociales, en beneficio de las finanzas locales, la sostenibilidad y la recuperación de empleos a corto plazo, considera el Presidente Municipal electo de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla.

Esto lo llevó a ganar el día de ayer el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales en la categoría Resiliencia que otorga Alcaldes de México.

¿No es verdad que a los encargados de una gestión les gustaría siempre obtener mejores resultados en su periodo de gobierno? ¿Qué quisieran atender y abarcar la mayoría de las demandas de la sociedad? ¿Sentir que cumplieron con la labor para la cual les fue encomendado su cargo?, pues si queremos que nuestra gestión rinda estos frutos, será indispensable que nos manejemos mediante el uso y aplicación de las buenas prácticas, las cuales nos ayudarán a alcanzar estas metas.

Las buenas prácticas de gobierno son las intervenciones que realiza cada uno de los gobiernos con el fin de obtener resultados positivos, útiles y eficaces en su gestión, mediante la atención, regulación y solución de problemas que existan y en áreas que necesitan mejorar los municipios.

Estas prácticas cuentan con puntos que son indispensables para considerarse de tal forma, entre estos se encuentran:

Deberán ofrecer resultados provechosos y duraderos a las necesidades y demandas de cada sociedad

Su implementación deberá ser adecuada al lugar y a la población que lo requiera.

Servirán como ejemplo o guía para las siguientes gestiones de gobierno.

Deberán tener un esquema de evaluación que mida su eficacia y permita mejoras.

En México, cada cierto tiempo contamos con un cambio de gobierno en el que, a través de elecciones, la sociedad elige a sus nuevos representantes, tal y como sucedió el pasado 6 de junio. Es importante saber que al final de cada uno de estos periodos se lleva a cabo una transición, la cual, a nivel municipal, se conoce como cierre de gestión municipal. Este cierre consiste en la transferencia de la gestión municipal en funciones con la gestión municipal entrante, pero, ¿qué hay detrás de esta transición o en qué consiste?