La participación ciudadana en forma permanente en el actual gubernamental tiende a ser una de las herramientas más importantes para que, en forma gradual, pueda erradicarse la corrupción.

La democracia verdadera es algo más que ejercer el voto, ya que los procesos de participación no garantizan la democracia, tal y como lo ha establecido la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, a través de su Comisión de Derechos Humanos, y publicado en su lista de derechos democráticos, en la que se establece con mayor importancia y relevancia que el ciudadano tiene derecho a recibir y difundir información, el derecho a la participación y el derecho a tener un gobierno transparente, y como lo he indicado, es importante para una verdadera democracia ciudadana y no solo una democracia electoral.

Joseph Stiglitz afirma que: “Los procesos de participación deben de comprender también el diálogo abierto y el amplio compromiso activo y ello requiere que los individuos tengan voz en las decisiones que les afectan”.

Hablando de progresividad de derechos humanos, hemos visto con el paso del tiempo que, en nuestro país, en temas electorales y de participación ciudadana, sobre todo, aunque en forma lenta, hay avances. Esto data de 1824, con la incorporación de Chiapas a la Federación; en 1867, cuando el Presidente Juárez propuso que el Poder Legislativo se depositara en dos cámaras y que el Ejecutivo contara con la facultad de veto suspensivo a las resoluciones del Legislativo.

Los antecedentes para lograr una participación ciudadana han sido en forma progresiva en los últimos años, hemos visto cambios en materia de transparencia y acceso a la información pública, como el impulsado cuando México firmó, en 1982, la Declaración de Principios sobre el Derecho a la Información, en Guayana. Y en forma concreta en México, el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.