Las regulaciones europeas e iberoamericanas que rigen los sistemas de cumplimiento normativo para el sector

privado se han implementando poco a poco en Latinoamérica, sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes debido a que las organizaciones no recurren a expertos, abogados de profesión, que los orienten en un área tan especializada del derecho.

Países como Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Chile, Brasil, México, Perú y Argentina, en donde se acepta

la responsabilidad penal de las empresas, ofrecen incentivos importantes para que éstas se autorregulen y administren

para evitar la comisión de delitos, mediante programas de cumplimiento o prevención de la criminalidad

empresarial, como una opción para mitigar el riesgo patrimonial, legal y reputacional.