La Ley General de Responsabilidades Administrativas publicada en 2016 y vigente a partir de 2017, regula, como su nombre lo dice, las responsabilidades tanto de servidores públicos como de particulares.

El término particulares abarca a las personas físicas y morales involucradas con faltas administrativas graves. Entre los actos de particulares sujetos a sanción están: soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias para inducir a la autoridad, uso de información falsa, obstrucción de facultades de investigación, colusión, uso indebido de recursos públicos y la contratación indebida de exservidoras o servidores públicos.

El artículo 71 de esta ley establece que será responsable por el uso indebido de recursos públicos el particular que realice actos mediante los cuales se apropie, haga uso indebido o desvíe del objeto para el que estén previstos los recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, cuando por cualquier circunstancia maneje, reciba, administre o tenga acceso a estos recursos.

También se considera uso indebido de recursos públicos la omisión de rendir cuentas que comprueben el destino que se otorgó a dichos recursos.