La corrupción en México y la erradicación de la misma son temas complejos que dañan el desarrollo local. Esta problemática crece como parte de una cultura mal aprendida para encontrar una salida fácil en beneficio personal y por supuesto, ajena a los resultados positivos que debe perseguir una administración.

La remuneración por la gestión rápida de un trámite, un incentivo para obtener una licitación y/o el ofrecimiento de beneficios para conseguir un puesto de trabajo deseado son acciones graves, resultado del uso abusivo de funciones.

Vigilar las responsabilidades de los servidores públicos es parte de las medidas de transparencia y prevención que deben tomarse al interior de una administración pública.

Los funcionarios públicos no deben olvidar que los actos de corrupción trascienden a delitos de carácter público, tipificados en el Código Penal Federal y perseguidos de manera oficiosa.

En el ejercicio de sus funciones, cargo o comisión, los funcionarios públicos pueden incurrir en responsabilidad frente al Estado, la cual se divide en tres tipos: política, administrativa o penal.