En el año 2018, en distintas universidades públicas del país se llevó adelante un plan de lucha contra el ajuste presupuestario del gobierno de Mauricio Macri. Paro docente de más de un mes, asambleas permanentes de interclaustros y ocupación de más de 50 edificios públicos en todo el país. En aquel momento se abrieron causas judiciales contra docentes y estudiantes, particularmente en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Nacional de Rio Negro. Durante la pandemia las causas fueron avanzando en el ámbito judicial y aún las autoridades universitarias y gubernamentales siguen sin pronunciarse contra la criminalización de la lucha por la educación pública.