El Gobierno tiene un filtro clave para reducir la corrupción en todas las compras públicas, el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE). Pero, su efectividad es limitada para evitar colusión y contratar a proveedores con prohibiciones legales. También desconoce a los beneficiarios finales. Mientras la CC mantiene en secreto a muchos de quienes reciben fondos públicos, empresas vinculadas con políticos continúan facturando millones al Estado.