Confidencial Radio

El juicio político que inició este 15 de febrero contra los siete presos políticos, continuó este jueves, luego de una segunda audiencia en la que quedó en evidencia el grave deterioro físico y mental que sufren los acusados. El precandidato presidencial Arturo Cruz “muestra signos o síntomas asociados a la enfermedad de parkinson”, por lo que su defensa solicitó una revisión médica.

El juicio que inició este 15 de febrero contra los siete presos políticos: Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Tamara Dávila, José Adán Aguerri, Violeta Granera, José Pallais y Arturo Cruz, se extendió hasta este miércoles, tras una primera jornada de más de diez horas, realizada a puerta cerrada en El Chipote. Los siete presos políticos son señalados de supuesta “conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional”.

Cinco exmilitares de alto rango reaccionaron con indignación ante la muerte como preso político del general de brigada en retiro Hugo Torres, encarcelado por el régimen durante ocho meses en la cárcel El Chipote. Y cuestionaron el “silencio y la cobardía”, de la institución militar, que no reconoció los méritos de uno de los fundadores del Ejército.

La declaración de la Fiscalía, en que asegura que pidió la suspensión definitiva del juicio contra el general en retiro Hugo Torres por razones humanitarias, es un intento vano de “lavarle la cara” a un sistema caracterizado por su crueldad con los reos de conciencia, dijeron juristas consultados por CONFIDENCIAL.

Familias del municipio San José de Cusmapa, en Madriz, ocuparon este viernes 11 de febrero uno de los centros de la Fundación Familia Padre Fabretto, para evitar que el Ministerio de Educación y la Policía Nacional consumen la confiscación de sus instalaciones. La fundación fue cancelada y confiscada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el pasado 2 de febrero.

En esta edición especial de Confidencial Radio conversamos sobre los jueces y fiscales que ejecutan las órdenes contra los presos políticos; las confiscaciones de las universidades, los actos de corrupción del FSLN en Rivas y conversamos con la doctora Vilma Núñez sobre los juicios políticos en Nicaragua.

La Alcaldía de Rivas está descabezada desde la semana pasada, cuando fue intervenida por la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía y el Instituto de Fomento Municipal, INIFOM, según fuentes vinculadas a la investigación. El alcalde sandinista Wilfredo López Hernández está suspendido de su cargo mientras se realiza la investigación, de acuerdo con fuentes de la alcaldía.

Alrededor de 18 000 estudiantes son los afectados por la confiscación de seis universidades privadas, a mano del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La creación de tres nuevas universidades estatales, a partir de los bienes de seis universidades canceladas e intervenidas por órdenes orteguistas, es “a todas luces una confiscación”, valoran abogados nicaragüenses.

Los diputados orteguistas y sus aliados en la Asamblea Nacional, crearon tres leyes para confiscar los bienes y programas educativos de las universidades Upoli, Ucatse, Uhispam, Uponic, Paulo Freire, y Uneh, todas ellas canceladas la semana pasada por la dictadura.